Imagen: Luciana Granovsky & EFE.

“No existe una sola prueba, un solo indicio que conduzca a sostener la hipótesis fiscal, ciertamente agraviante y mortificante, de que Héctor Timerman haya siquiera instigado o preparado el camino tendiente a la configuración de un encubrimiento en el atentado a la AMIA.” Con esta frase cerraron su escrito en representación del canciller los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, quienes junto a la ex jueza Lucila Larrandart, abogada del diputado nacional Andrés Larroque (FpV), pidieron a la Cámara Federal que confirme la desestimación de la denuncia del fallecido Alberto Nisman. Ese fiscal los había acusado –así como a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner– de encubrir a los sospechosos de haber perpetrado el atentado contra la mutual judía. Peñafort y Rúa calificaron la imputación de Nisman como “temeraria” y endeble como un “castillo de naipes”.

Fue muy temprano que solicitaron la ratificación del fallo del juez federal Daniel Rafecas, junto a los demás imputados: el líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche; los dirigentes Jorge Khalil y Luis D’Elía y el ex juez Héctor Yrimia, además del presunto agente Ramón “Allan” Bogado, todos mencionados en la denuncia de Nisman.

“El escrito llamado ‘denuncia’ presentado por el fiscal Nisman tiene una historia de fracasos desde sus comienzos”, expuso Larrandart ante los jueces que integran la Sala I de la Cámara, a cargo de la intervención en el recurso de apelación contra el fallo de Rafecas.

Timerman, a través de Peñafort y Rúa, explicó en su escrito de 40 carillas las razones para la celebración del Memorándum de Entendimiento firmado con las autoridades iraníes. Los abogados del canciller señalaron que ese documento que creaba una Comisión de la Verdad –que Nisman intentó mostrar como una actividad para favorecer a los imputados en la causa– fue la “opción” a numerosas tratativas anteriores que no habían logrado avances. “En el texto del Memorándum no aparece ninguna previsión que cercene las atribuciones del magistrado de la causa AMIA a fin de decidir el futuro del proceso, ni que contemple la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol, por el mero hecho de la suscripción del aludido acuerdo bilateral.” Y destacaron que “tanto las autoridades del gobierno argentino como las del organismo internacional tuvieron en claro que el status de las notificaciones rojas –órdenes de captura de iraníes implicados en la causa sobre el atentado– permanecería inmodificable”. En coincidencia con el enfoque que tuvo el juez Rafecas, los abogados que representan a Timerman marcaron el carácter “temerario” de la acusación, a la que compararon con “un castillo de naipes”, sin “ninguna prueba”.

En tanto, la abogada de Larroque calificó de “magnífica” la resolución de Rafecas que desestimó la denuncia impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y ponderó la parte del fallo que descartó que el encuentro entre cancilleres de Argentina e Irán para firmar el Memorándum fuera el punto de partida de un plan de impunidad. “¿Con qué sustento (Nisman) presenta una denuncia de tal gravedad y presupone una finalidad delictiva en el ejercicio de un acto de gobierno?”, inquirió Larrandart en su escrito. La defensora recalcó que del expediente no surge “ninguna conducta concreta” delictiva de Larroque, “excepto que la cercanía o relación que un diputado pudiera tener con la Presidenta pueda dar sustento a sospechar que comete un ilícito”. La jurista concluyó que “toda la denuncia consiste en una serie de repeticiones, suposiciones y afirmaciones del fiscal sin sustento alguno”, por lo que pidió a la Sala I de la Cámara que rechace la apelación “sin más trámite”.