El juez que instruye los casos de corrupción que salpican al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy dio por acreditada la existencia de una contabilidad paralela en la formación conservadora española durante al menos 18 años. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz llegó a esa conclusión en una resolución que dio a conocer ayer, con la que dio por cerrada la investigación relacionada con los llamados papeles de Bárcenas, unas notas manuscritas publicadas en 2013 por el diario El País en las que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas recogía supuestos pagos en paralelo a dirigentes del partido, según relató él mismo. El magistrado constató la “existencia y circulación en el seno del Partido Popular, a cargo del gerente y tesorero nacional, de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de contabilidades opacas o ‘cajas B’”. El PP aseguró que desconocía la existencia de una doble contabilidad a través de una caja B.

Ruz propone juzgar a seis personas por diversos delitos, entre ellas, a tres ex tesoreros del PP. Uno de los imputados que seguramente irá a juicio es Bárcenas, hombre que controló durante dos décadas las cuentas de la formación que hoy gobierna España, y que fue puesto en libertad en enero a cambio de una millonaria fianza, luego de pasar 19 meses encarcelado en la prisión de Soto Real. El juez solicitó también llevar a juicio a los responsables del estudio de arquitectura que realizaron reformas en la sede nacional del PP, ubicada en Madrid, trabajo que presuntamente se pagó con dinero negro. Además, consideró que existen indicios de que el partido de Rajoy podría haber cometido un delito fiscal por no haber tributado por los donativos de empresarios que recibió en 2008, transacciones que fueron reflejadas en los papeles del ex tesorero. A lo largo de 190 folios, el juez detalla la investigación realizada tras el surgimiento de los llamados papeles de Bárcenas.

Con la determinación adoptada en el marco de la causa contra el PP, el juez español deja abierta la posibilidad al Ministerio Público y al resto de acusaciones populares de que acusen al partido gobernante por un delito contra la Hacienda Pública por las cuotas que dejó de pagar en 2008 de las “donaciones contrarias a los presupuestos legales”, recibidas de empresarios. El magistrado de la Audiencia Nacional sostuvo además que quedó indiciariamente acreditado que la formación política se sirvió de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal desde 1990 hasta al menos 2008.

Según señaló el magistrado en su resolución, esta mecánica le habría permitido al PP operar con varios sistemas de cuentas que registraron entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas. Habrían funcionado, al parecer del juez, a modo de contabilidad paralela, cajas de dinero en efectivo o cajas B.

Asimismo, Ruz consideró que los hechos investigados constatan un sistema de financiación del PP llevado a cabo a través de aportaciones procedentes de fuentes privadas que, de forma sistemática entre los años 1990 y 2008, habrían incumplido los límites, requisitos y condiciones establecidos en la ley. Esta contabilidad se habría destinado al pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido, gastos generados en campañas electorales y al pago de servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad, según consta en la resolución firmada por el magistrado de la Audiencia Nacional.

Por otra parte, Ruz archivó la causa respecto de 22 imputados, entre ellos, el ex ministro Angel Acebes –quien dirigió diversas áreas en el gobierno de José María Aznar– y varios empresarios que figuran como pagadores en la contabilidad secreta que registró Bárcenas. Desde el gobierno de Rajoy destacaron que el auto de Ruz no es una sentencia definitiva y expresaron el deseo de que el procedimiento se cierre en el menor tiempo posible. En un comunicado difundido ayer, el PP indicó que no comparte la teoría defendida por el juez Ruz. “Las donaciones a los partidos políticos siempre han estado exentas de tributación del impuesto de sociedades”, apuntaron en un documento en el que ofrecen cinco precisiones, “con el debido respeto a las decisiones judiciales”, en respuesta al auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, a cargo de Ruz.

En este sentido, el PP señaló que la aplicación de la normativa de impuesto de sociedades conlleva, en cualquier caso, el derecho a aplicar los gastos deducibles. Una vez reiterado su respeto a las decisiones adoptadas por el magistrado, la fuerza que encabeza Rajoy advirtió que se reserva las acciones legales que estime en el ejercicio de su derecho de defensa y en el momento procesal oportuno. El cierre de la causa sobre los papeles de Bárcenas coincide con una derrota sin precedentes para el PP en los primeros comicios del año en España, celebrados en la región de Andalucía.