[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La petrolera brasileña Petrobras estima que las desvíos de fondos realizados por la red de corrupción que operó en el ente entre 2004 y 2012 ascienden a entre 5000 y 6000 millones de reales (entre 1660 y 2000 millones de dólares), según reportó ayer el diario Folha de Sao Paulo.

De acuerdo con el rotativo, los valores estimados de pérdidas incluyen a todos los contratos presuntamente superfacturados, firmados entre el ente y las empresas socias, acusadas de haber formado un cartel para cometer fraudes en las licitaciones.

Los funcionarios que participan en la revisión de los contratos sospechosos de irregularidades dijeron que la cuenta de “pagos indebidos” es conservadora para demostrar a los inversionistas que Petrobras no pretende esconder los perjuicios y que, por tanto, merece que su balance sea auditado y aprobado por la consultora PwC.

La estimación de las pérdidas derivadas de los desmanes es una condición ineludible para que la agencia apruebe el balance parcial, relativo al tercer trimestre de 2014. La auditora se niega a hacerlo porque ex altos funcionarios que firmaron la rendición de cuentas están bajo sospecha de haber integrado la red ilegal.

La negativa agravó la situación de la estatal, a la cual la agencia de calificación de riesgo Moody’s retiró este año el grado de inversión.

Según auxiliares de la presidenta Dilma Rousseff, citados por el medio, el gobierno espera con optimismo que el próximo viernes 17 sea presentado el balance aprobado por los auditores independientes.

El escándalo en la mayor empresa pública de Brasil estalló en marzo del año pasado, a partir de un operativo de la Policía Federal que investigaba una red de lavado de dinero y la evasión de impuestos y divisas.

La empresa estatal necesita publicar el balance cuanto antes para calmar al mercado y asegurarse la valorización de las acciones de la empresa.

Además, si la publicación no se realiza antes del 31 de mayo, los acreedores pasarán a tener derecho a pedir la anticipación del pago de deudas, lo que perjudicaría aún más la situación financiera del ente.

El escándalo golpeó al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien presidió el Consejo de Administración de la empresa entre 2000 y 2010, debido, principalmente, a que la mayoría de los políticos sospechosos de haberse beneficiado con los desmanes integran su partido, el PT, y los dos mayores socios de la coalición de gobierno: el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y del derechista Partido Progresista (PP).

El ministro de Justicia, José Eduardo Cadozo (del izquierdista PT). negó el sábado que el gobierno esté obstaculizando la investigación de la Policía Federal y pidió a los legisladores de la oposición que no politicen el escándalo de corrupción.