La Fiscalía Anticorrupción española solicitó ayer una pena de cinco años de prisión para el ex tesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, inculpado por la contabilidad paralela (o “caja B”) que mantuvo la principal fuerza derechista de España durante 18 años y exculpó a la cúpula partidaria de los delitos fiscales que se investigan en el expediente. En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción, Antonio Romeral, consideró acreditada la existencia de una “caja B” con la que el partido gobernante se financió ilegalmente, pagó sobresueldos en negro, y las obras de remodelación de su sede central bajo la dirección del actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que el PP sólo tiene responsabilidad subsidiaria en los delitos relacionados a este caso, mientras acusó a Bárcenas, y su predecesor, Alvaro Lapuerta, por apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal.

El ex gerente del PP, Cristóbal Páez, afronta un pedido de un año y medio de prisión por falsedad documental y fraude fiscal, según fuentes judiciales citadas por la emisora Cadena Ser. Asimismo, Anticorrupción reclama tres años y diez meses de cárcel para el arquitecto Gonzalo Urquijo, y para su socia, Belén García, quienes estuvieron a cargo de la remodelación de la sede del PP que se hizo con dinero en negro. En tanto, contra el criterio marcado por el juez instructor, Pablo Ruz, el fiscal defiende que el PP no cometió delito fiscal en 2008 al no declarar los donativos ilegales que recibió el partido y que ese año ascendieron a los 1,5 millones de euros.

La Agencia Tributaria de España emitió un informe que cifró esa evasión en 220.167 euros, aunque aseguró que no existe delito fiscal porque la fuerza conservadora está blindada por ley y no debía tributar por sus donaciones. En cuanto a los donativos considerados legales, Hacienda indicó que ascienden a los 25.000 euros y, por lo tanto, no supera los 120.000 euros a partir de los cuales se considera delito fiscal. Este último criterio es el que defiende el fiscal Romeral. El juez Ruz solicitó al Ministerio de Hacienda que cuantificara el supuesto fraude fiscal cometido por el PP en relación con las donaciones que figuraban en su contabilidad B, pero el organismo, a cargo del ministro Cristóbal Montoro, inicialmente se negó a hacerlo.

Cuando finalmente accedió a ese pedido, la Agencia Tributaria emitió un polémico informe que comparó al PP con organizaciones sin fines de lucro como Cáritas o la Cruz Roja, para negar que deban tributar por las donaciones que reciben, ya que el beneficiario es el conjunto de la sociedad. Recientemente, Bárcenas presentó un recurso contra la decisión del juez Ruz de procesarlo. En el documento responsabilizaba al presidente Rajoy y a otros máximos dirigentes conservadores de haber cometido el fraude fiscal que se le atribuye a él. Bárcenas asegura que ni el gerente ni el tesorero del PP establecían los criterios jurídico-tributarios, sino que esa era una responsabilidad de los administradores o legales representantes del partido elegidos por el Congreso Nacional, es decir, los secretarios generales y el presidente del partido.

En el período que se investiga, el cargo de secretario general fue ocupado de forma sucesiva por Francisco Alvarez-Cascos, Javier Arenas, Rajoy, Angel Acebes y María Dolores de Cospedal, quien continúa en la actualidad. Rajoy es el presidente nacional del PP desde junio de 2008. El caso de la contabilidad B del PP salió a la luz después de que el juez Ruz descubriera que Bárcenas, uno de los principales imputados en la trama de corrupción Gürtel, relacionada con el pago de comisiones a los conservadores a cambio de contratos públicos, tenía cerca de 40 millones de euros en cuentas en Suiza.

A fines de enero de 2013, el diario El País publicó una serie de informes donde difundía los documentos manuscritos de la contabilidad B, que presuntamente Bárcenas filtró al diario español para presionar a su propio partido, que lo había dejado solo. Tras dos años de investigación, el magistrado Ruz concluyó que entre 1990 y 2008 el PP se sirvió de forma “sistemática” de unas fuentes de financiación “ajenas al circuito económico legal”, en su mayoría provenientes de donativos de empresarios de la construcción.

El dinero en negro ascendió a casi ocho millones de euros y se utilizó para diversas actividades, aunque el juez consideró que no existían pruebas suficientes para acreditar una relación directa entre los donativos y la adjudicación de obras públicas. Debido a las limitaciones de la ley en lo relativo a la financiación ilegal, un delito que no estaba tipificado hasta hace poco en el Código Penal, Ruz se centró en otras irregularidades, entre ellas el uso de 750.000 euros para remodelar la sede central de la calle Génova, de Madrid, entre 2005 y 2010.

También descubrió que Bárcenas y Lapuerta se habían apropiado indebidamente de 120.000 y 209.550 euros de la caja B, respectivamente, un dinero que fue utilizado para la compra de acciones de Libertad Digital, un medio afín al PP, desde el cual se lanzaban campañas mediáticas contra los adversarios políticos.

A raíz del escándalo que representó el descubrimiento de las cuentas B del PP, que la cúpula del partido atribuyó a una cuestión relativa a Bárcenas y a los otros tesoreros a título personal, el gobierno español aprobó una reforma del Código Penal que establece un límite infranqueable para las donaciones a los partidos políticos de 500.000 euros. Paradójicamente, ninguno de los donantes del PP, en su mayoría influyentes empresarios de la construcción, superaron ese límite en cada uno de sus aportes.

El secretario de Política Federal del Partido Socialista Obrero Español, Antonio Pradas, pidió que el peso de la ley no se reduzca exclusivamente a los ex tesoreros y consideró que la Fiscalía debe ampliar las responsabilidades penales a la cúpula del PP.