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La Cámara de Diputados jugó nuevamente en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Fue por partida doble: aprobó una enmienda constitucional que le quita el poder de designar nuevos ministros de la Suprema Corte y aplazó la votación del ajuste fiscal, cuya aprobación inmediata es vital para el gobierno. El proyecto aprobado eleva de 70 a 75 años la edad de retiro obligatorio de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF). Con estas medidas, la mandataria no designará a ningún magistrado de esa corte en lo que resta de su gobierno, que termina en 2018, salvo que alguno renuncie antes de tiempo.

De no haber sido aprobada la iniciativa, Rousseff habría designado a cinco de los once ministros del Supremo, que completan 70 años hasta 2018. El proyecto fue aprobado en la madrugada de ayer con 333 votos a favor y 144 en contra, además de 10 abstenciones. El presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, fue quien puso sobre la mesa la iniciativa, que “dormía” a la espera de aprobación desde 2005. Pese a integrar el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –el principal aliado del gobierno–, Cunha es un enemigo declarado de Rousseff y fue mentor de las principales derrotas legislativas que sufrió la presidenta desde que asumió su segundo mandato, el 1º de enero.

Más allá de las discrepancias técnicas respecto de la nueva normativa, el líder de la oposición en la Cámara baja, el socialdemócrata Bruno Araujo, explicó su dimensión política: “Desde el punto de vista político, el país gana al anular esas designaciones (que haría Dilma), contaminadas con un matiz político e ideológico”.

Para votar la enmienda constitucional, Cunha pospuso la noche del lunes la discusión de la primera Medida Provisoria (MP) presentada por el Poder Ejecutivo relativa al ajuste fiscal, prioridad para el gobierno. La MP-665 endurece las condiciones de acceso al seguro de desempleo y afecta otros beneficios laborales.