Desde Roma

Mientras siguen llegando a las costas italianas miles de inmigrantes –6000 sólo en el pasado fin de semana, 36.000 desde principios de año, según la agencia europea de las fronteras Frontex–, tres de las regiones del norte de Italia (Lombardía, Véneto, Liguria), controladas por la derecha de Silvio Berlusconi y la Liga Norte, se levantaron contra el gobierno nacional asegurando no sólo que no permitirán la entrada de más migrantes en sus territorios, sino que les quitarán todo apoyo a los municipios de esas regiones que les presten alguna asistencia. El asunto desencadenó todo tipo de reacciones en Italia, incluso del ministro del Interior, Angelino Alfano, que si bien es de centroderecha sostuvo que el gobierno “pide una equilibrada distribución de los migrantes en Italia y en Europa” y calificó la decisión de las regiones del norte como “una actitud de odio insoportable hacia el sur” que los recibe. El rechazo de los migrantes “cubre de vergüenza a Italia, que no logra acoger algunos miles de personas cuando un país como el Líbano ha recibido tres millones, casi igual a su población”, comentó por su parte monseñor Giancarlo Perego, director de la Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal italiana.

El primer ministro Matteo Renzi fue más lejos, al hablar en un encuentro con los periodistas en Alemania, donde estaba participando de la reunión del G-7. “Daremos incentivos, incluso a nivel fiscal, a los municipios que nos den una mano albergando inmigrantes”, dijo, añadiendo que buena parte de los problemas de ahora fueron causados “por quienes ahora gritan”, en tácita referencia al actual presidente de Lombardía, Roberto Maroni, que era ministro del Interior de Berlusconi cuando se decidió repartir a los inmigrantes en las distintas regiones. Y el G-7 no quiso ser menos y en una declaración final subrayó que “las recientes tragedias en el mar Mediterráneo y en la Bahía de Bengala muestran la urgencia de afrontar el flujo global de migrantes y en particular el crimen del tráfico de inmigrantes”. Como muchas otras declaraciones de la Unión Europea (UE), el G-7 tampoco dijo qué hacer o cómo hacerlo. De la UE se espera algún plan más concreto sobre este tema para fin de mes, luego de la reunión del Consejo europeo. Pero hay quien sospecha que los países europeos no quieren tomar ciertas decisiones porque podrían perjudicar sus intereses en esos países, por ejemplo en Libia –donde se concentraría el tráfico de seres humanos hacia el Mediterráneo– con el petróleo.

Se estima que la operación salvataje, recepción e identificación de los migrantes que llegan a territorio italiano ha costado unos 1000 millones de euros en 2015 mientras en 2014 fueron 600 millones. Lo malo es que parte de esos recursos que el Estado y Europa destina a los migrantes, haya ido a parar a manos de cooperativas de ayuda a los migrantes controladas por organizaciones criminales, que corrompían a los políticos, a cambio de votos y favores, para que les adjudicaran los contratos. Se habla de unos 100 millones de euros entregados a los criminales que destinaron una mísera parte al cuidado de los inmigrantes. Mientras tanto, la Autoridad Nacional Anticorrupción acaba de bloquear algunos contratos sospechosos para construcciones en los centros de recepción de inmigrantes.

Migrantes cuyos viajes, aunque peligrosos, no se detienen, Europa que no hace nada o casi, Italia dice hacer lo que puede, pero el negocio de los inmigrantes sigue en manos de grupos criminales. Los migrantes siguen partiendo y muriendo en el mar o desapareciendo cuando llegan a tierra, como el caso del hijo del tunecino Shamir Raouafi, que contó a un grupos de periodistas que su hijo de 18 años viajó desde Libia en una barcaza. Y cuando llegó a Italia, llamó por teléfono a la familia en Túnez diciendo que estaba bien. Incluso Shamir tiene una filmación de la RAI hecha en Italia en los centros de recepción, donde aparece su hijo. Pero después no se supo más nada de él. Y como el hijo de Shamir, ha habido otros casos. Se piensa incluso en un posible tráfico de órganos. Hoy se habla de más de 23.000 desaparecidos en el Mediterráneo en los últimos 14 años, de 3400 muertos en 2014 y de 1800 en 2015. Pero de los que desaparecieron después de llegar a tierra no hay números y las familias no saben ni siquiera a quién dirigirse para hacer reclamos.

Por eso el Comité Verdad y Justicia para los nuevos desaparecidos, nacido en Roma hace algunos años, integrado por profesionales de distintas áreas –incluido el ex cónsul en Buenos Aires durante la dictadura Enrico Calamai, que salvó a muchos argentinos– y organizaciones que se ocupan de los inmigrantes, han decidido hacer todos los esfuerzos necesarios para convocar al Tribunal Permanente de los Pueblos –ex Tribunal Russell que hizo juicios sobre Vietnam y sobre las dictaduras latinoamericanas en la década del ’70–, a fin de que haga una investigación para descubrir a los verdaderos responsables de todas estas desapariciones. El Tribunal está integrado por personalidades de todo el mundo, entre otros Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Alejandro Teitelbaum. Página/12 conversó con el presidente del Comité por los Nuevos Desaparecidos, el abogado Arturo Salerni.

–¿Cuáles son los pasos que ustedes están dando para hacer posible que se reúna el Tribunal?

–Estamos pidiendo que se abra una sesión extraordinaria del Tribunal Permanente de los Pueblos para estudiar las causas de las muertes en el Mediterráneo y en los recorridos inmigratorios de Europa. Este pedido está siendo llevado adelante por nosotros y un conjunto de asociaciones y de representantes de la sociedad civil cuyos pareceres y voluntades estamos consultando y recogiendo para luego presentar nuestra propuesta. El tribunal deberá decidir luego si el asunto vale la pena.

–Se ha hablado de una eventual complicidad solapada entre los países europeos y aquellos acusados de tráficos de seres humanos, como Libia, debido a acuerdos bilaterales precedentes. ¿Puede explicar de qué se trata?

–Hubo acuerdos, por ejemplo del gobierno Berlusconi, cuando Maroni era ministro del Interior, con Libia para que no se permitiera la partida de refugiados. Nosotros querríamos que se verificara si actos como ése pueden haber sido la causa de la muerte de personas en el desierto luego de haber si rechazados por Libia. Este es uno de los elementos. Pero también hay una serie de acuerdos internacionales entre Europa y algunos países africanos, acusados de violaciones de derechos humanos, para contener juntos la inmigración. Nosotros queremos llevar todos estos puntos a la atención del Tribunal.

–¿Qué piensa de la actitud de las regiones del norte de Italia?

–Es una actitud absolutamente inadmisible que desencadena el racismo. Estamos frente a pura demagogia y al hecho de que la vida de las personas es considerada igual a nada. Y es precisamente lo que nosotros queremos combatir siendo el derecho de asilo un punto fundamental de los estados modernos, porque de esta manera se tutelan los derechos de las personas. Quien de una forma u otra hace esto –ya sea rechazando en el mar a los migrantes o no asistiéndolos, no aceptando su residencia en su región– está poniéndose fuera de la ley.