Desde Río de Janeiro

La conferencia de prensa convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, al principio de la tarde de ayer en Brasilia, marcó la ruptura personal del segundo hombre en la línea sucesoria con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff (reza la Constitución que el primero es el vicepresidente; y en caso de su propio impedimento, el presidente de la Cámara). Ya su partido, el PMDB, principal socio del gobernante PT en la alianza de base, optó por reaccionar de manera un tanto meliflua: una nota oficial dice que la actitud de Cunha es “personal”, y que, “por ahora”, el partido se mantiene en el gobierno.

Fue su primera y contundente reacción luego de que uno de los presos a raíz del escándalo de corrupción en la Petrobras lo acusara de haber recibido cinco millones de dólares de propina. Cunha dice estar seguro de que se trata de una maniobra del palacio de gobierno, luego de haber presionado al procurador general de la República para inculparlo. El procurador general, a su vez, habría presionado al preso: o denunciaba a Cunha, o pasaría largos años en prisión. Que se arme semejante enredo en un momento en que el PT y varios integrantes del gobierno están enfrentando graves acusaciones del mismo procurador general, del mismo juez que conduce las investigaciones y, en última instancia, de la Corte Suprema no le pareció, a Cunha, nada significativo. El poderoso y vengativo diputado está seguro de ser blanco de una conspiración cósmica, controlada por Dilma, por sus ministros y por el PT. De todas formas, la reacción tempestuosa no representó ninguna sorpresa: al fin y al cabo, desde que fue elegido por sus pares para presidir la Cámara baja, el pasado febrero, Cunha –que controla con mano de hierro a unos 150 diputados, casi un 30 por ciento de la Cámara– no hizo otra cosa que imponer una seguidilla de derrotas al gobierno del cual su partido se dice aliado. Lo de ayer significó oficializar lo ya sabido y constatado.

La ruptura, sin embargo, tiene peso e importancia. El poder en manos del presidente de la Cámara de Diputados es inmenso. De él depende, por ejemplo, la instalación de Comisiones Parlamentarias de Investigaciones, las CPI, que tienen capacidad de casi paralizar los trabajos legislativos y exponer cualquier gobierno a situaciones complicadas y comprometedoras. Además, le toca al presidente de la Cámara imponer y controlar la agenda de debates y votaciones. Desde el pasado febrero, cuando logró elegirse derrotando por amplio margen al candidato del PT, Eduardo Cunha ejerció ese inmenso poder, y siempre contra el gobierno. Sus adversarios dicen que lo hizo de manera arbitraria, atropellando aliados, dejando claro a todos quién manda. Su conducción de los trabajos legislativos rozó, seguidamente, principios y determinaciones constitucionales.

Desde que fue formalmente incluido por la Justicia entre los investigados por el escándalo de corrupción en la Petrobras, Cunha venía rebelándose cada vez más, demostrando un gobierno fragilizado, acosado por una crisis económica seria y por una crisis política más grave aún, las dimensiones de su poder. Su reacción de ahora –intempestiva, furiosa– refuerza la ira de un político acostumbrado a imponer su autoritarismo. Poco después del anuncio de ruptura con el gobierno, y cumpliendo su poder, anunció la instalación de una nueva CPI que el gobierno trató de evitar. Esta vez, se trata de revisar las actuaciones del Bndes, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, principal banco estatal de fomento del continente, en el exterior.

Concretamente, Cunha, un hombre ultraconservador, quiere denunciar la financiación concedida por el Bndes a constructoras brasileñas con obras en Cuba, Angola y Venezuela. No hay indicio alguno de irregularidad en la concesión de esos financiamientos. Pero se trata de países que la derecha brasileña, altísimamente inflada por los medios hegemónicos de comunicación, clasifica de “dictaduras”. El todavía presidente de la Cámara de Diputados parece decidido a disparar contra todo y contra todos. En su brote de ira, hizo blanco en la Policía Federal, la Justicia de primera instancia, el procuradorgeneral de la República, el PT, Dilma, el gobierno como un todo, la Corte Suprema y quien más se arriesgue a aparecer delante de él. Dice que el preso que denunció, con hartos detalles, cada movimiento destinado a recibir cinco millones de dólares lo hizo presionado por el gobierno, por Dilma y por el PT. Curioso: no solo el tesorero del PT está preso, sino varias estrellas del partido –inclusive ministros– están bajo investigación de la Justicia.

Si hasta ahora Dilma tenía un enemigo velado, ahora tiene un enemigo con sed de sangre, que le declaró guerra abierta. Falta saber, ahora, cuáles serán los rumbos de la Justicia. Y hasta cuándo Eduardo Cunha seguirá presidiendo la Cámara de Diputados de un país que se pretende serio.