Página/12 En Colombia

Zaranda clasificadora. Así se llama la máquina que hoy, al fin, comenzará a remover la tierra de La Escombrera, esa montaña de barbarie que han empezado a llamar la fosa común urbana más grande de Colombia y que se levanta en un rincón al occidente de Medellín. Atrás de esa Comuna 13 empinada y poblada por doquier termina la ciudad, comienza la carretera al mar y, después, Centroamérica, Estados Unidos y los océanos que conducen al mundo entero. El tráfico de armas y coca que se da por esta ruta sería una de las principales razones por las cuales esta esquina de Medellín ha sido disputada por actores armados históricamente. A diez minutos de La Escombrera, en la sala de una casa humilde, Katerine no entiende razones. Nada le explica por qué a su papá se lo llevaron tres hombres encapuchados cuando todo el mundo, incluso ella, los miraban frente a frente. Nadie tampoco ha respondido por esta desaparición o la de cientos de hombres y mujeres cuyos sobrevivientes se agruparon gracias a la solidaridad de unas religiosas. La Obra Social Madre Laura y la parroquia del barrio fueron entonces, y aún hoy, el refugio de viudas y huérfanas a quienes nadie prestó atención durante más de una década.

Cuando se llevaron a Edgar, el papa de Kate, ella tenía 13 años y el señor manejaba un pequeño bus que conducía a los altos de la Comuna 13 en los límites con la zona rural, donde hoy comienza a desenterrarse el horror: un Estado que, además de cómplice de grupos paramilitares en 2002 por orden de Alvaro Uribe para “retomar” esta zona, ha sido indolente con el clamor de las víctimas que desde entonces señalan que allí, en el extremo de la 13, los guerreros encapuchados o no arrodillaban a sus víctimas y las hacían cavar su propia tumba. “Mi papá podría estar ahí; lo sabemos desde que se lo llevaron en 2002. Ahora espero con mucha fe poder encontrar sus restos. Si me dejaran, hasta ayudaría a excavar. Tengo ansiedad y dolor por lo que pueda encontrar. Sólo quiero abrazarlo una vez más y darle una sepultura”, le cuenta la joven a Página/12 una semana después del despliegue de operaciones que comenzaron en La Escombrera pero que sólo hoy iniciarán con la remoción de tierra.

La semana pasada comenzaron las adecuaciones y el Estado, ahora sí, llegó con sus funcionarios judiciales de trajes negros, sus fiscales de tacones altos, sus psicólogos de chaleco y, por supuesto, sus efectivos de policía porque, según se ha dicho, los “combos” ilegales que siguen en la zona estarían incómodos con la presencia de las autoridades y el inicio del Proyecto La Escombrera. Jorge Mejía, coordinador del tema en la alcaldía de Medellín, le explica a este diario que ayer las víctimas desmintieron que hayan declarado a El Colombiano que había amenazas de los “combos” por el tema, pero que “es posible que sí haya malestar de los mismos; sin embargo, no contamos con denuncias formales al respecto”. A Mejía, la seguridad no le preocupa. Explica que la Fuerza Pública tiene acordonado el sector para garantizar que la Zaranda Clasificadora remueva cuidadosamente tres mil metros cúbicos de tierra sin inconvenientes de orden público, para que luego con pala y pico hombres de la fiscalía y apoyos técnicos de la alcaldía excaven aún con más juicio y rigor hasta llegar 13 metros abajo. Allí, se supone, se tocaría el suelo original y es donde estarían los primeros restos óseos. Para Katerine, no se trata de un hallazgo cualquiera.

Entre la oscuridad y el silencio que han reinado por 13 años en esta montaña de vergüenza, estaría su “gordito”, uno de los cientos de civiles que se tragó la tierra con la Operación Orión y la hegemonía paramilitar que vino ese año tras los operativos que, según afirmó el comandante para Alias Don Berna desde una cárcel en Estados Unidos, se planearon y ejecutaron juntamente con sus hombres del Bloque Cacique Nutibara, el ejército y la policía. El 30 de noviembre de ese año, fue que a Edgar no se le vio nunca más. Los hombres con rostros cubiertos que muchas madres denuncian que eran incluso soldados de la Fuerza Pública, se llevaron al papá de Kate en el mismo busesito donde ella, cada fin de semana, recorría las calles de esa comuna habitada por los más excluidos.

“A mi papá se lo llevaron por la noche. Yo estaba en la Arenera esperándolo con mi mamá, porque era quincena y él me daba la plata todas las quincenas. El subía en su colectivo y subía muy lleno. Me dijo que lo esperara cuando volviera más vacío. Cuando ya el colectivo bajaba iba él solito y la mujer y como tres o cuatro hombres encapuchados; mi papá solamente me miró, me miró con nostalgia, y ahí empecé yo a los gritos. Esa fue la última vez que lo vi”, narra Kate, quien entonces tenía 13 años. Hoy, ya con 25 y a la espera de continuar sus estudios y conseguir un trabajo, no se explica por qué los gobiernos se hicieron los sordos ante los reclamos de la sociedad por cesar de arrojar dese- chos y comenzar a buscar los cientos de desaparecidos.

Para Jorge Mejía, “la historia será quien les reclame a esos gobiernos anteriores que desafortunadamente no hicieron caso a los reclamos de las víctimas”. Para él, representante del gobierno local, también es lamentable que “la Operación Orión no dejara como resultado la presencia del Estado, sino la paramilitarización”.

En medio de la presencia de los herederos del trono “para” que continúan ejerciendo el dominio de la zona, es que las máquinas, los operarios, las policías y las víctimas comenzarán hoy el campamento planeado para iniciar hace una semana cuyo inicio se retrasó por razones técnicas. Había que acordonar, iluminar, trazar cuadrículas, explica Mejía. Katerine entiende esa razones y se prepara, una vez más, para subir a lo alto de su barrio con la esperanza de hallar a su padre. “Te estaré esperando, mi gordito”, escribe en el muro de su red social cada noche de desvelo desde que se anunció que este gran crimen aún impune comienza a desenterrarse.

“Quiero hacer lo que sea necesario para encontrarlo rápido”, explica la muchacha ansiosa, con nervios, con llanto, pero aun así con el aliento de continuar la lucha por la búsqueda de su ser querido desa- parecido y los trescientos que, según la comunidad, estarían bajo La Escombrera. También espera que la empresa de la escombrera contigua al fin cierre la zona donde continúa echando escombros y basuras. Jorge Mejía le explica a este diario que ya están en marcha una acción legal para conseguir que BioParques detenga su actividad comercial antes del fin de este año; y así, después del polígono 1 que es donde se inician hoy las remociones de tierra, se continúe en ese terreno. “Estamos haciendo todo lo posible para la suspensión de esas actividades; pero la empresa tiene unos derechos y títulos mineros”, señala Mejía quien, como las víctimas, está esperanzado en encontrar muchos restos humanos no solo para que sus familiares puedan sepultarlos y dejar de buscarlos sino para iniciar un proceso judicial. “Recordemos que esto es una diligencia judicial con implicaciones legales”, asevera el coordinador del Proyecto La Escombrera. Pero, ¿quién deberá pagar? A la fecha, siguen impunes los comandantes de policía, ejército y el ex presidente Uribe que ordenaron y ejecutaron la Operación Orión y otras en 2002. Katerine piensa que además de Don Berna el gobierno tiene la responsabilidad de lo que le pasó a su papá y tantas familias de la Comuna 13 que aún no conocen el paradero de sus seres queridos como los sobrevivientes de más de 30 mil desaparecidos que ha dejado el conflicto armado en Colombia.