El cierre de listas para las elecciones regionales de Colombia que se realizarán el 25 de octubre ratificó una situación que se ha vuelto costumbre. En el país donde 61 parlamentarios fueron condenados por sus vínculos con paramilitares y otros 500 candidatos han sido sentenciados o investigados por la Justicia, los próximos comicios confirmaron la tendencia: políticos sumergidos en la ilegalidad o que han coqueteado con ella volverán a presentarse. En un trabajo reciente, la Fundación local Paz y Reconciliación señala que unos 140 aspirantes a cargos electivos provienen de la parapolítica, mantienen relaciones con otro tipo de organizaciones criminales, han recibido condenas por el mal manejo de los fondos públicos o cobraron coimas. La diferencia con respecto a procesos electorales anteriores es que ahora estrecharon sus lazos con los partidos más tradicionales: 22 candidatos recibieron avales del Partido Liberal, 19 del Conservador y 10 del Centro democrático del ex presidente Alvaro Uribe. Así lo señaló el autor del informe, Ariel Avila Martínez, en declaraciones a la cadena Telesur.

La investigación de Paz y Reconciliación no es la primera en su tipo. Revelaciones similares han sido tomadas en cuenta en el pasado por la Corte Suprema para abrir el expediente de la parapolítica, como se lo conoce en Colombia. El presidente de la ONG, el politólogo León Valencia, es un ex guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que dejó la lucha armada en 1994. Ha sido o es presentador de TV, columnista y estudioso del fenómeno de la parapolítica. En 2013 tuvo que exiliarse un tiempo en Europa porque el gobierno de Juan Manuel Santos descubrió un plan para asesinarlo a él y a dos de sus colaboradores. Avila Martínez estaba entre ellos.

El estudio sobre las elecciones de octubre próximo –cuyo cierre de listas fue el pasado 25 de julio– arrojó que 140 candidatos están vinculados a diferentes tipos de ilícitos. El 78 por ciento de ellos tienen posibilidades de ser elegidos. Y otro gran porcentaje son considerados, según el informe, herederos de la parapolítica.

En un artículo especial para el diario El Espectador, Avila Martínez escribió sobre el tema: “Estos candidatos son ‘cuota’ directa de un político involucrado con el escándalo de la parapolítica, ya sea por estar condenado o investigado. Tal es el caso del departamento del Magdalena, donde Rosa Cotes, esposa del condenado parapolítico Chico Zúñiga, se está lanzando a la gobernación, al parecer sin competencia alguna. Ella hereda la estructura política de su esposo, quien era conocido como uno de los miembros del clan de los Conejos. Además, Cotes estaría siendo apoyada por un buen grupo de parapolíticos como Poncho Campos, Jorge Caballero o el famoso Trino Luna”.

Los aspirantes a cargos electivos denunciados por la fundación pueden dividirse en cuatro grupos: que mantienen nexos con grupos paramilitares; vinculados a otros grupos criminales; candidatos condenados o investigados por el mal manejo de fondos públicos y los que recibieron pagos irregulares o coimas de contratistas del Estado.

En el primer grupo, el ejemplo más recordado es el del Pacto de Chivolo. Fue firmado en el año 2000 en el departamento de Magdalena bajo la presión del líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en esa región, Jorge 40. Lo suscribieron 13 candidatos a las alcaldías y 395 aspirantes a concejos y la asamblea que participaron de una reunión convocada por las AUC para establecer candidaturas funcionales a su jefe. Nadie podía faltar por orden de Jorge 40, el seudónimo de Rodrigo Tovar, cuyo ejército privado tenía el dominio político y militar en la zona. Incluso, recaudaba impuestos a nombre de aquellos candidatos que le respondían en el distrito.

Paz y Reconciliación sostiene que su objetivo es visibilizar a los aspirantes a cargos en el Estado que mantienen lazos con organizaciones criminales. En los comicios de octubre se elegirán gobernadores, alcaldes e integrantes de asambleas y concejos locales. La investigación de la fundación se extendió a ocho de los 32 departamentos colombianos: Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Sucre, Magdalena, César, Antioquia y Santander. También obtuvo información en Putumayo, Guaviare, Casanare y La Guajira.

Una de las conclusiones clave que arrojó el trabajo es que “los candidatos han consolidado su caudal electoral en los municipios que tuvieron los más altos índices de violencia durante la arremetida paramilitar. Es decir, que estos candidatos se beneficiaron de la mal llamada ‘pacificación paramilitar’. Tal es el caso de Milene Jaraba Díaz, candidata a la Gobernación de Sucre y esposa del ex congresista Yahir Acuña, quien en las pasadas elecciones tuvo un indiscutible dominio electoral en municipios de Sucre que fueron azotados por la violencia paramilitar”, escribió Avila Martínez.

Marginados de la política durante los últimos años porque estuvieron en prisión o fueron investigados en la Justicia, ahora están volviendo. Es el caso del ex alcalde de Medellín en 2001-2004, el ingeniero Luis Pérez Gutiérrez, acusado de recibir apoyo de grupos paramilitares y bandas delictivas en su intento por recuperar la alcaidía en 2011. Al menos diez testimonios recogidos por la Cadena Caracol en ese año, lo denunciaron por aportar dinero a esos grupos. Ahora dará un salto más alto. Inscribió su candidatura para la gobernación de Antioquia por la coalición de los partidos Liberal y Cambio Radical. El dice que la Justicia lo exoneró de los cargos del pasado.

Desde Paz y Reconciliación sostienen que el proceso de paz en Colombia podría verse afectado por ciertas candidaturas cercanas al paramilitarismo. Sobre todo los esfuerzos para la restitución de tierras a los desplazados por la guerra civil.

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