Página/12 En Colombia

Para buscar a los desaparecidos –hombres y mujeres que la guerra parece haber tragado– el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC lograron un histórico acuerdo en La Habana. El sábado a la noche se anunció que ambas partes van a poner en marcha acciones humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega de restos de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto armado. Ayer, organizaciones de víctimas y organismos internacionales como Naciones Unidas celebraron la decisión, mientras el gobierno lo presentó como “otro paso por la paz”, como lo dijo el presidente Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter.

La implementación de las medidas ocurrirán antes de la firma del Acuerdo Final en el marco de las conversaciones de paz que se realizan en Cuba hace tres años y que, según anunciaron hace un mes el comandante de las FARC alias Timochenko y el mismo Santos, se finalizaría en marzo del año próximo. Es decir, de manera “inmediata”, según aclaró el jefe negociador del gobierno Humberto De La Calle la mañana de ayer. “Dimos un paso más hacia el fin del conflicto y la satisfacción de los derechos de las víctimas”, aseguró el jefe de la delegación oficial.

Las acciones próximas se centrarán, por ejemplo, en la identificación de personas muertas en combate que fueron enterradas como cuerpos sin identificar en decenas de pequeños cementerios de pueblos recónditos de Colombia, en campos santos de ciudades capitales, o simplemente en fosas comunes. En tal sentido, el gobierno ya adelantaba algún trabajo como parte de las solicitudes de la Delegación de Paz de las FARC en La Habana. Desde ahora se dará celeridad a esas actividades, con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). El jefe del Comité en Colombia, Christoph Harnisch, anunció ayer que pondrán “toda nuestra experiencia en función del apoyo a los familiares, la exhumación de restos mortales en zonas donde no pueda hacerlo el Estado, y la asesoría a las instituciones responsables de esta problemática”.

Tales acciones sólo tienen carácter humanitario, no judicial, y el fin último es “aliviar el dolor de las víctimas de desaparición forzada” que, de acuerdo con cifras de ONG, serían 35 mil. El Comité de la Cruz Roja, por su parte, habla de 109 mil personas reportadas como desaparecidas en nuestro país desde 1938 hasta octubre de año. De ellas, 75 mil continúan en situación de desaparición. El panorama de esta práctica del conflicto es tan atroz, que cada hora es reportado un nuevo caso de desaparición en Colombia, según el CICR.

Esta ha sido una de las prácticas más comunes entre los grupos ilegales y el Estado que, como se comprobó con casos como el Palacio de Justicia, ha tenido como política el secuestro y posterior desaparición de sus opositores y los testigos de sus desmanes. También hay no pocos casos de personas –civiles o no– retenidas por las guerrillas quienes mueren en cautiverio y cuyos restos no se devuelven a las familias. En la última década, se ha vuelto popular que también grupos asociadas al narcotráfico o bandas criminales paramilitares asesinen y desaparezcan los restos de sus víctimas, en casos alarmantes de descuartizamiento como ocurre, por ejemplo, en Buenaventura, Pacífico colombiano.

Además del desplazamiento, el secuestro, las minas antipersonal, el homicidio selectivo, la amenaza y las distintas formas del conflicto en Colombia, la desaparición muestra una cara todavía más dramática pues hasta la fecha pocos han sido los esfuerzos conjuntos del Estado y los grupos ilegales para hallar a los padres, hijos, hermanas, de miles de colombianos. Exigir su búsqueda ha sido una lucha constante de la sociedad civil que va tomando eco con los acuerdos de La Habana y con acciones como las excavaciones en la llamada Escombrera de Medellín. Allí este fin de semana conmemoraron los 13 años de la Operación Militar Orión ordenada por el ex presidente Alvaro Uribe en la Comuna 13, en la cual, con la excusa de desarticular milicias de la guerrilla urbana, se desaparecieron cientos de personas que estarían enterradas bajo los escombros que acaban de empezar a removerse.

“A las madres, padres, esposas, esposos, hijas, hijos de personas desaparecidas se les ha negado la posibilidad de saber lo que ha ocurrido con sus seres queridos. Están sumidos en una incertidumbre permanente. No saber lo que ha ocurrido y estar privados al menos del último contacto para despedir a sus seres queridos, es algo atroz, realmente muy doloroso. Con independencia del desenlace de la desaparición forzada, la constante situación de no saber lo que ha ocurrido es una agonía permanente para las familias”, explicó ayer De la Calle, jefe de la delegación de gobierno en La Habana, donde las víctimas de la Comuna 13 de Medellín esperan también ser escuchadas.

En el acuerdo logrado en la isla, se anunció, además de medidas inmediatas, la creación de una Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Se trata de una unidad “de alto nivel y carácter transitorio”, y que hace parte del Sistema de Justicia, Verdad y No Repetición, que incluye el controvertido Acuerdo Jurisdicción Especial para la Justicia. Según De la Calle, “por primera vez Colombia contará con una entidad, autónoma e independiente, grande, de carácter netamente humanitario y extrajudicial encargada exclusivamente de buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto y de dar cuenta de su suerte”. El plenipotenciario enfatizó en explicar que la Unidad debe tener carácter extra judicial pues “permite que se genere el ambiente adecuado para que la información pueda ser plenamente compartida”.

Por su parte, la guerrilla de las FARC se comprometieron a entregar información sobre dónde estarían cuerpos de personas que hayan muerto en su poder, bien sea durante cautiverio o combate, lo que llenó de esperanza en especial a familiares de soldados, policías y militares que un día no tuvieron más noticias sobre sus seres queridos en poder de los rebeldes. “El problema de la desaparición en Colombia necesitará años y esfuerzos sostenidos en el tiempo”, agregó el jefe de Delegación del CICR en este país.