La Unidad de Información Financiera (UIF) acaba de conseguir una chance en la Cámara de Casación Penal para revisar su rol como querellante en la causa por tormentos y privación de la libertad de los hermanos Iaccarino, que pelean desde hace años un pronunciamiento de la Justicia por el desapoderamiento de sus bienes. La agencia presidida por José Sbatella viene bregando para poder intervenir en las causas de lesa humanidad bajo la figura del “lavado de dinero”, un camino todavía poco explorado jurídicamente que propone una vía para la expropiación de bienes desde el momento en que se cometieron los desapoderamientos. Casación descartó ese mismo rol en marzo pasado, en una causa tan caliente como Papel Prensa. Pero era otra sala y otra causa. Los jueces de la Sala IV ahora fijaron un plazo de diez días para que las partes presenten información, es decir que prendieron las turbinas para volver a estudiar y analizar esta chance.

La causa de los Iaccarino es enorme y está dividida en partes. Una parte tuvo un primer cierre con la celebración del juicio oral a los ex policías Bruno Trevisan y Jorge Rómulo Ferranti, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde funcionó el centro clandestino conocido como El Infierno. Los policías que llegaron a juicio acusados por secuestro coactivo y aplicación de tormentos, en junio de 2013 fueron condenados sin embargo por un delito menor “vejaciones y severidades”. El fallo fue apelado hasta que, la semana pasada, los hermanos Iaccarino obtuvieron una resolución mitad de cal y mitad de arena de la misma Sala IV de Casación, integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y presidida por Mariano Borinsky. Los jueces reconocieron la existencia de tormentos, pero por mayoría rechazaron el secuestro coactivo porque dieron legitimidad a los expedientes impulsados por la Justicia durante esos mismos años para legalizar las detenciones. Sólo el voto de Hornos en minoría señaló lo que viene intentando decirse en otras causas: que los expedientes judiciales buscaban probablemente revestir de legitimidad jurídica secuestros y desapoderamientos que se hacían con fines extorsivos.

La intervención de la UIF se analiza en la causa en que los Iaccarino demandan la restitución de bienes que les fueron arrebatados bajo coacción mientras estaban secuestrados en el centro clandestino. La UIF está trabajando en la causa y en el análisis de los datos desde hace tiempo, pero pidió ser tomada como querellante para poder impulsar medidas de prueba. El juez de instrucción de La Plata, Humberto Manuel Blanco, les dijo que no podían participar como querellantes porque ya lo estaban haciendo como una suerte de peritos. Tampoco admitió el recurso de apelación. Lo mismo hizo la Cámara Federal de La Plata. La misma Sala IV de Casación Penal ahora dio vuelta un poco esa situación. En una resolución emitida la última semana, admitió que era válido discutir el papel del “pretenso querellante”. Según los jueces, la UIF “posee la facultad de recurrir ante esta instancia” porque “a quien se le ha denegado su pretensión para asumir tal función procesal (querellante) no agota su capacidad recursiva en la apelación ante la segunda instancia correspondiente”.

En ese contexto, la Sala abrió un plazo de diez días para presentar pruebas. Por el artículo 456, señalan, las partes tienen ese lapso para examinar actuaciones y presentar un memorial. Esta es la etapa previa a la fijación de la audiencia. Y para señalar que la cosa avanza, explican que cuando una causa se duerme en Casación es porque todavía no tuvo “plazo de oficina”. En ese sentido, el plazo dispara los tiempos procesales para todos, también para los jueces, y activa una resolución.

En marzo de este año, Casación negó a la UIF este rol en la causa Papel Prensa. Pero era otra causa y era otra sala: Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky. En ese fallo, Borinsky dijo algo que ahora alienta la posibilidad de que aquí se abra alguna chance. Señaló que como el Ministerio de Justicia ya era querellante en Papel Prensa a través de la Secretaria de Derechos Humanos, la UIF –que también es parte del Ministerio de Justicia– podía canalizar la obtención de información a través de ellos.

La UIF también impulsó pedidos para ser querella en otras causas de lesa humanidad que trabajan sobre desapoderamientos, como son las de la Armada y las que tuvieron intervención del Banco Central.