El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió con el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, con quien se comprometió a colaborar ante una declaración independentista del Parlamento de Cataluña. “Mariano Rajoy y Pedro Sánchez acordaron trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles”, señaló el ministerio de la Presidencia español en un comunicado. La oposición catalana, en tanto, logró una pequeña victoria frente a los planes soberanistas al dilatar la tramitación de la resolución con la que se pretende dar inicio al proceso para la constitución de un Estado independiente de España, mientras el bloque secesionista sufrió un cortocircuito. El partido Ciudadanos y los socialistas catalanes, que se oponen a la independencia de Cataluña, presentaron a la Mesa del Parlamento regional propuestas para que se reconsidere la admisión de la declaración secesionista, lo que obligó al órgano a suspender automáticamente el trámite urgente del texto. Rajoy y el secretario general del PSOE almorzaron en la residencia del jefe del gobierno, que también anunció un próximo encuentro con el líder del partido de centroderecha Ciudadanos, Albert Rivera.

La reunión se produce un día después de la presentación en el Parlamento catalán de una resolución independentista que, de ser aprobada, lanzaría un proceso de secesión en esta región nororiental que culminaría, como máximo, en 2017. El texto, con nueve puntos, insta al ejecutivo regional a iniciar esta separación y prevé iniciar la tramitación en los próximos 30 días de leyes para crear una administración fiscal y un sistema de seguridad social independientes. Además, declara que el Parlamento regional no se someterá a las decisiones del Estado español, “en particular del Tribunal Constitucional”, con lo que podrían desacatar una eventual decisión de esta instancia judicial invalidando la resolución. “No se va a cumplir lo que dice ese documento”, insistió ayer Rajoy en diálogo con la radio Cadena Ser, en plena campaña para obtener un nuevo mandato tras las elecciones legislativas del 20 de diciembre.

“El gobierno sabe muy bien lo que tiene que hacer”, se defendió el líder conservador ante las críticas que denuncian un vacío de poder, aunque sin precisar las medidas que tomará. Sánchez, quien defiende una reforma constitucional para dar más poderes a la región, había calificado la resolución como un hecho gravísimo, irresponsable y antidemocrático, recordando que más del 50 por ciento de los votantes no apoyaron la secesión en las elecciones regionales del 27 de septiembre.

Los independentistas querían aprobar esta resolución la próxima semana, antes de producirse el 9 de noviembre la primera votación para volver a escoger como presidente a Artur Mas, quien por ahora no dispone de los apoyos necesarios. Sin embargo, su tramitación se paralizó ayer porque el Partido Popular de Rajoy todavía no constituyó formalmente su grupo parlamentario en la cámara regional. En ella, los independentistas disponen de una mayoría absoluta de 72 sobre 135 escaños, divididos entre la transversal coalición Juntos por el Sí (JxS), de Artur Mas, con 62 diputados, y la izquierda anticapitalista de Candidatura d’Unitat Popular (CUP), con 10 diputados.

La fecha límite de esta constitución es el 5 de noviembre, y el grupo conservador ya anunció que intentara agotar todos los plazos para trazar una posición común con Ciudadanos y el PSOE, que reclamaron rechazar su tramitación porque vulnera la legalidad. La líder regional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pidió al gobierno de España que recurra ante el Tribunal Constitucional la resolución antes de ser debatida.

En caso de que el Congreso de los Diputados no acepte esa resolución, los catalanes soberanistas aseguran que promoverán nuevos y enérgicos procesos de movilización social y ciudadana.