El Parlamento de Grecia aprobó ayer la ley que reforma el proceso de demanda de asilo y regula la devolución de migrantes a los llamados “países seguros”, entre ellos la propia Turquía.

Con los votos favorables de la coalición gubernamental formada por Syriza y Griegos Independientes (ANEL), del Pasok (socialistas) y de Potami (centristas), la cámara de representantes helena refrendó la trasposición a la legislación nacional del acuerdo de la Unión Europea (UE) con Turquía que entró en vigor el 20 de marzo. Para conseguir la aprobación el partido en el gobierno, que lidera el primer ministro Alexis Tsipras, ha tenido que sobreponerse a la oposición interna, ya que muchos de los diputados de Syriza habían expresado su reticencia a que Turquía fuera considerada país seguro. El texto de la ley griega no califica explícitamente de país seguro a Turquía, sino que remite a una lista de países seguros del Consejo de la UE, aún no elaborada.

El ministro griego de Migración, Yanis Muzalas, aseguró durante el debate parlamentario que el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía para tratar la crisis de refugiados es el mejor posible “dadas las circunstancias”, aunque admitió que “no se puede saber” si Turquía cumple o no el acuerdo. Muzalas aseguró que lo firmado entre Bruselas y Ankara incorpora “por primera vez una vía legal para la llegada de los refugiados”, aunque confesó que si lo hubiera “redactado” él, el número de refugiados que los 28 deberían reubicar en sus territorios sería de 500.000. El ministro de Migración también resaltó que el entendimiento UE-Turquía supone un “golpe” a las mafias, aunque no suficiente para “disolver sus redes”.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) había denunciado ayer la degradación creciente de los centros de detención en las islas griegas donde se retiene a los refugiados y había advertido que la situación puede descontrolarse si las autoridades de la UE no actúan con prontitud. “En el centro de Moria, en Lesbos, las condiciones se han deteriorado desde que el 20 de marzo se detiene a las personas que esperan la decisión sobre su deportación. Hay ahora unas 2300 personas, cuando la capacidad es para 2.000. La gente duerme a la intemperie y la comida es insuficiente”, denunció Melissa Fleming, portavoz del Acnur.

En rueda de prensa, la directora de comunicación de la agencia de la ONU explicó que “la frustración y la ansiedad entre los refugiados es generaliza”, con muchas familias separadas a causa de la nueva regulación. Todos estos detalles son recabados por el personal de Acnur sobre el terreno que, sin embargo, no colabora en las labores de asistencia humanitaria a menos que sea en casos de extrema gravedad porque la entidad se opone a la política europea de retener contra su voluntad a los solicitantes de asilo.

“Es horrible estar allí y no poder ayudar, pero tenemos que ser coherentes, no podemos colaborar con una política que es contraria a nuestros principios”, subrayó Fleming. Otras ONG y entidades como Médicos Sin Fronteras (MSF) han abandonado también sus labores en las islas helenas para no colaborar con un sistema que consideran injusto e ilegal.

Ante esta situación, Acnur volvió ayer a solicitar a la Unión Europea que actúe de forma urgente para paliar, al menos, las necesidades humanitarias de los solicitantes de asilo.

La nueva legislación actualiza las leyes griegas sobre asilo y las pone al nivel de las del resto de sus socios en la Unión. Se establece un Servicio de Asilo al que se le atribuye personal y medios técnicos para estar en disposición de gestionar las llegadas de refugiados. Además se garantiza la independencia administrativa y financiera de la autoridad que estudia las demandas de asilo y se crea una segunda instancia de examen de estas peticiones, que debe ofrecer las garantías de ecuanimidad de un tribunal.

La ley aprobada ayer establece dos procedimientos distintos para los migrantes, uno para los que lleguen a las islas con centros de registro, puertos y aeropuertos, y otro para los que lo hagan al resto del territorio griego.

Para estos primeros su identificación y el examen de sus demandas de asilo se hará en los mismos centros de registro. La nueva ley limita a 15 días, incluido el periodo de apelación, el plazo máximo para la tramitación de dicha demandas. Estas peticiones de asilo, según la ley, se examinan durante los tres días siguientes a su registro, y la decisión se anuncia el cuarto día, tras lo cual hay posibilidad de apelar.

La legislación estipula además que el periodo de limitación de libertad para estos demandantes de asilo no puede ser superior a los 25 días salvo prórroga justificada, y que en ningún caso será mayor de 90 días.

En este supuesto se encontrarían, por ejemplo, los que soliciten asilo entre los más de 5300 migrantes de las islas del Egeo oriental retenidos en centros de registro, ya de facto centros de detención.

Para aquellos que no demanden asilo o cuya solicitud sea rechazada, el proceso que se iniciará será el de deportación a países como Turquía. Para los que no lleguen a uno de los centros de registro de las islas y pidan asilo en otros puntos del país el plazo máximo de tramitación de su petición será de 12 meses, tiempo en el que los demandantes se podrán acoger a permisos de residencia y trabajo, algo que no era posible hasta ahora. Aun así se les podrán imponer limitaciones de desplazamiento dentro del territorio nacional mientras su petición es examinada.

Fuentes del gobierno griego especificaron que tanto el inicio de las tramitaciones del asilo con la nueva ley como las primeras devoluciones comenzarán el lunes.