Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó a la Cámara de Diputados que impulse el juicio político contra el vicepresidente Michel Temer, trámite similar al que está en curso contra la presidenta Dilma Rousseff. El relator de la comisión de impeachment de la Cámara de Diputados de Brasil dirá hoy si ve razones para iniciar un juicio de destitución a la presidenta brasileña, antes de que su parecer sea votado por ese cuerpo legislativo y transmitido a la Cámara baja. En plena cuenta regresiva para que se expidan los diputados, las pujas entre el oficialismo y la oposición aumentaron su intensidad y cada actor político, incluido el STF, ganó protagonismo.

El nuevo hecho político de la jornada lo protagonizó el ministro Marco Aurelio Mello, del Tribunal Supremo, que dio un cimbronazo a la estrategia opositora para destituir a Rousseff. Mello ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que aceptara un pedido de juicio político a Temer, que había sido rechazado.

La solicitud de juicio político contra el vice fue presentada por un abogado, Mariel Marley Marra, y rechazado por Cunha, pero el denunciante apeló a los Supremos y obtuvo el apoyo de Mello, quien argumentó que la acusación es similar a la que llevó al inicio del proceso contra la presidenta brasileña. En su denuncia, Marra sostuvo que el vicepresidente habría incurrido en el mismo delito de responsabilidad que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron maniobras contables dentro del presupuesto de 2014 y 2015. Sin embargo, el presidente de Diputados, que integra el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMBD), que lidera Temer y que la semana pasada abandonó la coalición gobernante, se negó a aceptar las acusaciones contra su jefe partidario, después de haber admitido las que se hicieron contra Rousseff.

El juez explicó que su sentencia no emite juicios en relación con la conducta del vicepresidente de la República, pero consideró que Cunha, al rechazar una demanda y aceptar otra, no atendió la debida formalidad legal. El abogado general del gobierno, José Cardozo, dijo esta semana, ante la Comisión de Juicio Político, que la acción contra Rousseff fue una venganza de Cunha, debido a que el Partido de los Trabajadores (PT) apoyó su investigación por falta de decoro debido a que ocultó cuentas que posee en Suiza y está procesado por corrupción por el escándalo de Petrobras.

Mello también determinó que se instale una comisión especial en Diputados, bajo el mismo molde de la ya designada para analizar las acusaciones contra Rousseff, pero cuyo trabajo se centre en el caso del vicepresidente.

Aliados de Cunha informaron que no cumplirán la medida ordenada por Mello, según publicó el diario Folha de S. Paulo. A pesar de que el PMDB resolvió el 29 de marzo abandonar la alianza de gobierno que lidera el PT, Temer se mantiene en el cargo y es el primero en la línea de sucesión. El gobierno, que considera un golpe institucional el juicio político a la mandataria, por entender que no existe crimen de responsabilidad o atentado a la Constitución, no hará cambios en el gabinete hasta que termine el proceso, según dijo ayer la propia Rousseff, en diálogo con periodistas. La oposición necesita 342 votos para elevar el juicio a Rousseff al Senado –que debe actuar como juez– y tras la salida de gran parte del PMDB de la base aliada en el Congreso, el objetivo del gobierno será buscar acuerdos con otras fuerzas, como el Partido Progresista, tercer bloque en la cámara baja.

Según una asesora de prensa de la comisión de impeachment de la Cámara de Diputados, integrada por 65 legisladores, el anuncio del relator tendrá lugar “a las 14 horas del miércoles” (por hoy), en la comisión. El dictamen, no vinculante, que se apruebe el 11, será publicado al día siguiente y 48 horas después, a partir del viernes 15, estaría en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara, compuesto de 513 diputados.

Allí debería obtener el respaldo de 342 legisladores (dos tercios de los escaños) para avanzar al Senado. De lo contrario, el caso por supuesta adulteración de las cuentas públicas contra Rousseff será archivado. Si llega a la Cámara alta, se formará allí una comisión de 21 miembros para hacer una segunda revisión, antes de que los 81 integrantes de la Cámara alta decidan, por mayoría simple, si lo admiten o lo archivan.

Si la moción de destitución se aprueba finalmente, Rousseff será apartada de sus funciones durante un máximo de 180 días y reemplazada por su vicepresidente, favorable al impeachment. Aquí comenzaría el juicio propiamente dicho, cuya sesión final tendría lugar en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente de la Corte Suprema. Se necesitaría dos tercios de los votos del Senado (54 de un total de 81) para destituir definitivamente a la mandataria.

En medio de la batalla judicial que atraviesa también esta crisis política, el juez del STF, Gilmar Mendes, puso en duda que mañana la Corte pueda pronunciarse sobre la suspendida asunción del ex presidente Luiz Lula da Silva como jefe de gabinete de Rousseff. Mendes, abiertamente crítico del PT y quien coorganizó en Lisboa la semana pasada un seminario con líderes opositores, como los socialdemócratas José Serra y Aécio Neves, suspendió la asunción de Lula con una medida cautelar en la cual sostenía que la designación buscó ser un “salvoconducto” para ganar fueros y evitar ser investigado por el juez federal Sergio Moro, a cargo del caso Petrobras.