Miércoles, 6 de abril de 2016 | Hoy
EL PAíS › OPINIóN
Por Alejandro Alagia *
Es extraño que alguien se pegue un tiro porque su vida dejó de mejorar. Más regular es lo contrario. El suicidio pone fin a un sufrimiento psíquico insoportable. Pero con la sociedad las cosas son diferentes. Por eso nos parece que al país le ocurrió algo extraordinario, del todo infrecuente. Desde 1983 no hubo cambio de gobierno que no tuviera por causa una gravísima crisis social, política y económica. Quizás antes de ese año, un caso comparable sea el golpe militar de 1955. Situaciones que impresionan más como asesinato al progreso que de suicidio colectivo. Sin embargo, la autodestructividad humana siempre mete la cola en el espacio que abre la invención de una emergencia o catástrofe nacional.
El 10 de diciembre se declaró oficialmente la guerra al narcotráfico. Como en todo conflicto bélico al entusiasmo inicial,rápidamente, le sigue una sucesión de frustraciones y desgracias colectivas: ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, masacres villeras, militarización de la sociedad y del crimen organizado, cartelización de una parte de las fuerzas armadas y de seguridad, persecución y asesinatos de periodistas, jueces, políticos, abogados, militantes sociales y defensores de derechos humanos.
La creación imaginaria de una catástrofe que amenaza el bienestar y la seguridad de la población, ahora y en el pasado, gana en fantasía y pierde en todo lo demás importante para la vida, incluso el mismo deseo de vivirla. La historia del poder punitivo en nuestra región y en cualquier parte del mundo puede atestiguarlo. El castigo trabaja sobre un sentimiento profundo de desamparo. Los clásicos del derecho penal asumieron sin vergüenza que el castigo es pura satisfacción. Todavía hoy puede leerse una acusación fiscal como vindicta pública. Los fundadores del derecho liberal tenían muchos defectos pero no eran cínicos ni caraduras, simplemente nunca creyeron que con trato cruel las cosas fueron a mejorar para el delincuente, la víctima o la sociedad.
¿Por qué el país se mete de cabeza en una guerra punitiva a la economía de las drogas prohibidas? ¿Cuál es la emergencia en seguridad nacional que pone la vida de todos los argentinos en peligro? Ciego a las masacres en México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Brasil, el nuevo gobierno dio los primeros pasos en dirección a convertir a la Argentina en otro cementerio de jóvenes condenados a morir por la pobreza, el color de la piel y una bala narco o policial.
EE.UU. inicia en el final del mandato de Obama los primeros movimientos para una intervención en la lucha contra las drogas más heterodoxa. La razón: tienen seis o siete veces más homicidios que otros países ricos y han prisionizado y privado de derechos básicos a tantos millones de negros pobres que la situación se compara con el régimen esclavista de plantación. Muy lejos del éxito en esta guerra, lo que deja es otra experiencia trágica de lo que no hay que hacer para lidiar con la realidad y los problemas que plantea.
La declaración de guerra en nuestro país comienza de la peor forma, con la pena de muerte sin juicio previo al contrabandista in fraganti. Se habilita gatillo fácil por decreto. El que autoriza el derribo de aviones, previa declaración de emergencia de seguridad nacional. Un acto inhumano declaró el máximo tribunal de justicia alemán, para casos donde el derribo quiere salvar el mayor número de vidas posibles. Nuestro decreto nacional, en cambio, es un verdadero y simple caso de instigación al homicidio. Se mata sin peligro para nadie.
Se liberan en el país fuerzas económicas y punitivas que son muy difíciles de controlar y de consecuencias devastadoras en términos de bienestar y seguridad para la vida. La política y los académicos desde hace mucho tiempo venden la intervención punitiva como la más importante regulación estatal para lidiar con los conflictos. Falso. En este momento no hay mejor contraejemplo que la guerra punitiva a la economía de las drogas prohibidas. Hasta los más liberales norteamericanos lo saben. La mejor manera de no obtener ningún beneficio social de un verdadero mercado y causar una masacre de población inferiorizada por la pobreza y color de piel es la guerra punitiva. Al contrario de lo que creía Hobbes y sus epígonos modernos la emergencia nacional o el caos es la consecuencia y no la causa de la solución punitiva.
Al poder punitivo, como a la economía liberal, si no se la contiene, si no se le pone límites, libera fuerzas que dividen lo humano entre los que merecen vivir y los descartables. Pero tienen algo más en común moralmente inaceptable: “mano invisible” y “mano dura” son fórmulas de renuncia al gobierno de los conflictos.
Si no queremos mirar lo que ocurre en países de nuestra región, tenemos nuestra historia reciente. La guerra a la subversión empezó con una emergencia de seguridad nacional.
¿Cómo es que 351.000 votos sean la diferencia entre la paz y la guerra?
* Profesor Titular - UBA. Fiscal general. Miembro de Justicia Legítima.
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