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Por Phil Reeves *

El frágil gobierno interino afgano que patrocina Estados Unidos sufrió ayer un nuevo retroceso cuando cinco agentes de inteligencia fueron muertos por un atacante suicida –que murió también–. Según informó el jefe de la policía de la capital, Kabul –donde sucedió la detonación–, el atacante llevaba los explosivos bajo sus ropas que explotaron justo después que el hombre fuera arrestado por los agentes afganos.
El jefe de la policía, Baba Jan, declinó en identificar al atacante, limitándose a informar que se trataba de “un extranjero”, una señal que conduce a la posibilidad de que se tratara de un miembro de la red Al-Qaida. Señaló que las fuerzas de seguridad de Afganistán lo venían siguiendo desde hace tiempo. Los controles de seguridad se habían reforzado en ese país a causa de la preocupación gubernamental de que sus opositores –talibanes y miembros de Al-Qaida– pudieran boicotear la gran asamblea –“loya jirga”– en la que se debate la Constitución. Las discusiones comenzaron hace 15 días. Entre los temas claves está la disputa entre el presidente de la transición –apoyado por Washington–, Hamid Karzai, y sus seguidores, quienes desean una poderosa presidencia centralizada, y otros, incluyendo a miembros de la Alianza del Norte, que propugnan un sistema parlamentario con mayor poder.
El encargado de la loya de 502 miembros dijo ayer que tiene intenciones de presentar un nuevo diseño de Constitución, que incluye varios cambios en sus 160 artículos. Advertencias del ejército norteamericano (que tiene desplegados 10 mil efectivos en Afganistán) de que insurgentes podrían dar un golpe mientras la asamblea sesiona, parecieron confirmarse con el incidente de ayer. El ataque es además un recordatorio de que los insurgentes, cuyas actividades se han concentrado en el sur y este de Afganistán, son capaces de montar ataques en la capital. Y ocurre en un escenario violento: desde comienzo de agosto más de 400 personas han muerto en ese país.
El gobierno de Karzai acusa al vecino Pakistán por su fracaso en poner límites a los militantes que cruzan a Afganistán y perpetúan atentados. Pero Pakistán se ha enfrentado con severos problemas de seguridad interna: dos supuestos intentos de asesinar al dictador, Pervez Musharraf, sucedieron en 11 días. Oficiales paquistaníes informaron ayer que habían arrestado a militantes islámicos en la parte de Kashmir bajo control paquistaní en conexión con el segundo de esos ataques frustrados, el del 25 de diciembre, en el que dos suicidas condujeron camionetas pick-ups e intentaron pasar en la caravana presidencial antes de detonar sus explosivos. Quince personas murieron y el general Musharraf salió ileso.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.