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Por José Manuel Calvo*
Desde Washington

A pesar de las críticas de los grupos que defienden las libertades y el derecho a la intimidad y de las resistencias encontradas en las compañías aéreas, el gobierno estadounidense no ha variado sus planes para que entre en vigor de forma inminente un nuevo sistema informático que utiliza la información personal que proporcionan los pasajeros para establecer un código de seguridad por colores. El sistema afectará a todos los aeropuertos estadounidenses y se unirá a la reciente exigencia de ficha electrónica y foto para millones de visitantes extranjeros a EE.UU. Brasil, que aplica el “principio de reciprocidad” y realiza controles de ingreso a los estadounidenses, propondrá a EE.UU. un acuerdo que dispense de visados a los ciudadanos de ambos países, según adelantó ayer el canciller brasileño, Celso Amorim. Por otra parte, la Justicia federal de Brasil aceptó ayer un recurso de la alcaldía de Río de Janeiro y suspendió, sólo para esta ciudad, la identificación con foto y huellas dactilares de los estadounidenses que llegan al país.
Según The Washington Post , el nuevo sistema –CAPPS 2, segunda versión del Programa Informático de Preselección de Pasajeros– podría aplicarse desde el mes que viene en todos los aeropuertos de EE.UU. El diario afirma que las líneas aéreas y las empresas de reserva de vuelos se han negado a colaborar con la Administración de Transporte Aéreo en la fase de pruebas del sistema. Compañías como Delta, que aceptó en principio cooperar, tuvo que desdecirse tras las protestas y amenazas de boicot de los usuarios. En el caso de la línea de vuelos baratos JetBlue fue aún más allá, porque varios pasajeros querellaron contra ella en septiembre, cuando se supo que había facilitado datos para un proyecto militar relacionado con la seguridad aérea.
Como ya se había anunciado, el CAPPS 2 se alimenta de los datos personales de los pasajeros (nombre, dirección, fecha de nacimiento). Además incluye el itinerario completo del viaje, el tipo de billete y la forma de pago. Todo esto se vuelca en bases de datos y se contrasta con informaciones públicas, comerciales y privadas. A continuación, y una vez que se ha establecido que la persona sometida a escrutinio que quiere viajar es la que dice que es, se acude a los bancos de datos en los que están los ficheros de historiales delictivos y de sospechosos de actividades terroristas.
Una vez que toda la información se comprueba, el sistema produce números y colores para el pasajero: si es rojo, no podrá abordar el vuelo; si es amarillo, deberá someterse a un interrogatorio; si es verde, entrará en el avión. Las autoridades aéreas de EE.UU. creen que un 5 por ciento de los pasajeros recibirá colores amarillos o rojos, frente –aseguran– al actual 15 por ciento que recibe un seguimiento especial a través de la primera versión del Programa Informático de Preselección. No se han hecho cálculos sobre la capacidad que tienen las nuevas medidas de introducir mayores retrasos en un transporte aéreo muy afectado ya por las nuevas normas de seguridad.
Numerosos grupos han relanzado sus críticas hacia las medidas en vigor o las inminentes. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cree que “lo anunciado por la administración es un golpe más al derecho de los ciudadanos a viajar libremente y a su intimidad”, según señaló Robin Goldfaden. “Los datos personales de los ciudadanos podrán ser almacenados por las autoridades y compartidos con otras agencias sin que los ciudadanos puedan saber ni quién accede a esa información ni cuál es su clasificación de acuerdo con el sistema de colores y números. Estas son violaciones muy graves de los derechos y libertades de los estadounidenses.” El Post informa además de otra iniciativa que ha acentuado la polémica y que se aplicará a lo largo del año: los pasajeros habituales que voluntariamente entreguen toda esa información y más a las autoridades recibirán un tratamiento especial y podrán acelerar su paso por los controles de seguridad. Lo arbitrario del procedimiento creará pasajeros de primera y de segunda clase desde el punto de vista de la seguridad, según la (ACLU),
El anuncio de la próxima entrada en vigor de estas medidas coinciden con las críticas sobre la eficacia y la legitimidad del US-Visit, la toma masiva de huellas y fotos que empezó a aplicarse sistemáticamente el pasado día 5. Se suma que Estados Unidos impedirá la entrada en el país, como inmigrantes o visitantes, a aquellas personas que estén involucradas en casos de corrupción pública, según una proclamación de Bush difundida ayer. Los afectados por esta medida presidencial, cuya entrada en vigor es inmediata, serán aquellos individuos cuyas acciones “tengan efectos adversos graves en los intereses nacionales de EE.UU”.
Echale la excepción a Río
El alcalde de Río de Janeiro, Cesar Maia, que está en la oposición al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, consiguió que el Tribunal Regional Federal (TRF) de la Primera Región, con sede en Brasilia, anule la sentencia que semanas atrás había emitido el juez de Mato Grosso do Sul, exigiendo el fichaje de todos los turistas americanos desembarcados en el país, aplicando para ello el principio de la “reciprocidad diplomática”.
El alcalde Maia había alegado que la medida estaba perjudicando gravemente la economía de la ciudad que vive del turismo. Y de hecho el juez Catao Alves ha tomado dicha razón, al mismo tiempo que contesta el principio de “reciprocidad”, ya que según él “felizmente, el terrorismo no hace parte de la vida nacional brasileña”, informa Juan Arias.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.