Un tribunal de Chile condenó ayer a prisión a seis ex oficiales del Ejército por considerarlos autores de 13 asesinatos y tres desapariciones en la norteña ciudad de Copiapó en octubre de 1973, como parte del caso Caravana de la Muerte, por el que otro juez concedió la libertad provisional al general Juan Emilio Cheyre, ex jefe del ejército (2002-06), procesado por el homicidio de otros 15 opositores a la dictadura de Augusto Pinochet.

Los crímenes del caso Caravana de la Muerte son los que cometió una comitiva militar que tras el golpe de Estado de septiembre de 1973 recorrió Chile y asesinó a cerca de un centenar de presos políticos en diversas ciudades. La comitiva era comandada por el general Sergio Arellano Stark, quien actuaba como “delegado del comandante en jefe”, lo que implicaba que debía ser obedecido como si fuese el propio Pinochet.

En un fallo unánime, las tres juezas de la I Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenaron a penas de 15 años y un día de presidio cada uno al brigadier Pedro Espinoza Bravo y al coronel Sergio Arrendondo González, como autores de los crímenes. El también ex coronel Patricio Díaz Araneda fue sentenciado a 11 años de prisión, también como autor, mientras los ex oficiales Ricardo Yáñez Mora, Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina deberán purgar 10 años y un día de cárcel.

El caso fue investigado por la jueza especial Patricia González, quien estableció que el 16 de octubre de 1973 llegó a Copiapó la comitiva de Arellano Stark y que ya de noche tomaron a cuatro presos políticos que estaban en el regimiento y a nueve que permanecían en la cárcel de la ciudad. Luego los transportaron a las afueras, hasta un punto del desierto, donde los asesinaron a tiros.

Por otra parte, el juez Mario Carroza liberó a Cheyre y a otros cinco encausados por el asesinato de 15 prisioneros políticos en el regimiento de la ciudad de La Serena, y fijó una fianza de unos 1515 dólares para que el ex jefe del Ejército abandone el batallón de policía militar en el que está recluido desde el pasado día 7, cuando fue procesado.

El magistrado, además, les negó la libertad provisional a otros dos procesados como autores de esos crímenes, el coronel retirado Ariosto Lapostol y Víctor Hugo Alegre.

El caso es investigado como otra de las aristas de la Caravana de la muerte y estas víctimas fueron sacadas de las cárceles para ser asesinadas y en varios casos el general Arellano Stark ordenó a oficiales de los regimientos locales participar en los asesinatos, que fueron justificadas como fallos de consejos de guerra que nunca se realizaron.

En otros casos, los asesinados ya cumplían condenas por supuestos delitos, algunas de ellas irrisorias, de cien días de prisión, por faltas menores.

Los querellantes del caso, que apelarán la decisión del juez, según anunciaron, sostienen que es imposible que Cheyre no supiera nada de los asesinatos, ya que era el ayudante del coronel Lapostol, jefe del regimiento y acusado de ser uno de los autores materiales de los crímenes. Al ser detenido, Cheyre, que tiene un amplio prestigio en el ámbito académico y político, y es integrante del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el caso de la demanda marítima que Bolivia presentó contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, renunció a la dirección del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.

El general, que fue defendido por diversos dirigentes, incluido el ex presidente Ricardo Lagos, también renunció como miembro del consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), pero a pesar de su arresto, desde el organismo le pidieron que se mantenga en el cargo.

Por su parte, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad de Chile presentó ayer una querella contra los responsables de torturas y la desaparición de opositores durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cometidas en ese enclave alemán del sur de Chile después del golpe militar. La acción judicial reclama que se investigue y condene a los militares chilenos y a los colonos alemanes que participaron en crímenes de lesa humanidad en la hoy conocida como Villa Baviera, que durante la dictadura funcionó como un centro de detención y tortura de opositores políticos.

“En el caso de Colonia Dignidad, los avances en materia de verdad y justicia han sido particularmente insuficientes, manteniéndose crímenes y criminales en la impunidad”, explicó en conferencia de prensa la titular de la Asociación, Margarita Romero.

Colonia Dignidad fue el enclave de una secta alemana liderada por el ex enfermero nazi Paul Schäfer, que entre 1961 y 2005 funcionó en una zona situada a 400 kilómetros al sur de Santiago, donde se cometieron abusos sexuales a menores y otras atrocidades. Después del golpe de Estado del 11 de marzo de 1973, Schäfer ofreció sus instalaciones a la policía secreta de Pinochet y Colonia Dignidad se convirtió en una pieza clave del aparato represor de la dictadura, por el que se estima que pasaron unos 350 opositores.

Los querellantes sospechan que al menos un centenar de presos políticos fueron asesinados y enterrados en fosas construidas por los propios colonos. Las más de 46.000 fichas incautadas del enclave alemán en 2005 han permitido incluir en la querella a nueve ex militares chilenos identificados con nombre y apellido.

Se trata de ocho oficiales y un suboficial de la época. Algunos de los involucrados no aparecen en otras causas de derechos humanos y uno de ellos llegó a ser uno de los jefes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet.