El rechazo a las sentencias contra los once campesinos acusados por la Masacre de Curuguaty fue enarbolado ayer por dos organizaciones no gubernamentales hermanas, Amnistía Internacional (AI) y Oxfam, que exigieron a la Justicia paraguaya una investigación imparcial sobre los asesinatos de once campesinos perpetrados durante un desalojo judicial en 2012 en el predio conocido como Marina Kue, en Campos Morombi, departamento de Canindeyú. Las ONG pidieron además que las familias de las víctimas reciban una reparación. Desde Ciudad de México, las organizaciones recordaron en un comunicado conjunto que en el proceso judicial que finalizó el lunes sólo fueron investigadas las muertes de los agentes policiales.

Por otra parte, AI y Oxfam manifestaron que en diferentes oportunidades, junto a otras organizaciones locales e internacionales, expresaron su preocupación frente al rechazo del Ministerio Público paraguayo de investigar la muerte de los once campesinos. “Hasta ahora (la Justicia de Paraguay) no ha explicado de forma convincente los motivos por los cuales no investigaron tales muertes, ni la presunta alteración de la escena del crimen y las alegaciones de tortura y otros malos tratos durante las detenciones policiales a campesinos”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

El comunicado que se conoció ayer cita información de organizaciones locales de derechos humanos que mencionan una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en el país vecino. En los últimos 25 años, al menos 115 dirigentes y miembros de diferentes organizaciones campesinas fueron asesinados o continúan desaparecidos en el contexto de la disputa por la distribución de la tierra.

“En Paraguay, 1,6 por ciento de los propietarios posee el 80 por ciento de la tierra agrícola y ganadera, lo que ha generado que miles de campesinos organizados demanden una efectiva implementación de la reforma agraria, contemplada en la Constitución”, puntualizó Simon Ticehurst, director de Oxfam para Latinoamérica y el Caribe. De acuerdo con el comunicado, pobladores de la zona donde tuvo lugar el desalojo y los asesinatos el 15 de junio de 2012, varios de ellos víctimas y familiares, llevan más de 10 años manifestando su necesidad de acceder al uso de tierras que son del Estado, en el marco de la reforma agraria. En el juicio oral y público que finalizó a comienzos de esta semana, la única causa impulsada para esclarecer los hechos ocurridos en Curuguaty, fueron condenados once campesinos por homicidio, asociación criminal e invasión de inmueble, pero no hubo respuestas para los temas de verdad y justicia en el caso de los crímenes cometidos para los campesinos asesinados.

Tampoco hubo una pesquisa que permitiera explicar acabadamente la cuestión relativa a la propiedad de las tierras en disputa, aún pendiente en el ámbito de la Justicia civil. Tanto Oxfam como AI pidieron una investigación “exhaustiva, independiente e imparcial” de la privación de la vida, las denuncias de tortura y otros malos tratos, y las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de los hechos de junio de 2012. En su dictamen, el Tribunal de Sentencia a cargo del caso condenó a los trabajadores rurales a penas de entre 4 y 35 años de cárcel, en una audiencia cuyo desarrollo estuvo marcado por las quejas de los abogados defensores y de los familiares de los acusados.