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El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue denunciado ayer por la fiscalía federal de Brasilia por corrupción y tráfico de influencia para beneficiar supuestamente en negocios en la república africana de Angola a la constructora Odebrecht, en una causa en la que también están acusadas otras nueve personas.

Los cargos presentados por el Ministerio Público se suman a otras tres causas que tiene abiertas en su contra el ex presidente Lula, dos procesamientos en primera instancias y una investigación en el Supremo Tribunal Federal. Entre los acusados está un ex sobrino político de Lula y el presidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, preso por el escándalo Petrobras.

“Es un paso más en la persecución contra Lula”, dijo al rechazar los cargos el abogado del ex presidente, Cristiano Martins, en conferencia de prensa en San Pablo.

La nueva acusación de la fiscalía no está vinculada con el escándalo de Petrobras y sí se basa en una denuncia sobre posibles acciones gubernamentales para que el banco de fomento Bndes otorgara créditos a Odebrecht para ejecutar obras en Angola, donde un sobrino de Lula lleva adelante proyectos de infraestructura.

El sobrino de Lula –hijo de un hermano de la primera esposa del ex mandatario, fallecida en 1971– se llama Taiguara Rodrigues dos Santos y lleva adelante hace más de dos décadas trabajos en el país africano.

La fiscalía dijo que Lula actuó ante los órganos del gobierno y el Bndes para favorecer a Odebrecht en préstamos para obras de ingeniería en Angola, a cambio del pago de supuestos sobornos a los involucrados por un valor de casi 9 millones de dólares. Odebrecht hizo a cambio pagos a los implicados por un valor de 30 millones de reales (9,3 millones de dólares) “de forma disimulada” y “en retribución por el hecho de haber sido contratada por el Gobierno angolano en base al financiamiento para la exportación de servicios concedido por el Bndes”, señaló el Ministerio Público.

La denuncia indica que Lula actuó en sus dos úlitmos años como presidente en este negocio y luego como parte de una asociación ilícita durante el gobierno de Dilma Rousseff, después de 2010, por lo que le imputan el cargo de tráfico de influencia.

La acusación es parte de la Operación Janus, que denuncia irregularidades en la financiación que el Bndes (en los años de presidencia del ex mandatario) realizó en las obras de Odebrecht en el exterior.

La empresa del ex sobrino de Lula tuvo 17 contratos de prestación de servicios de Odebrecht en Angola y que el ex presidente “fue el supervisor de todo el proceso de captación de contratos”.

Los fiscales sostienen que acciones de gobierno como el fomento a la exportación de servicios en terceros países, una política destinada sobre todo a América latina y Africam formarían parte de un ilícito. En coincidencia, los abogados de Lula presentaron ayer ante el juez Sergio Moro, que investiga por corrupción y lavado de dinero supuestas vinculaciones del ex presidente con un apartamento en el balneario de Guarujá, una denuncia contra los fiscales.

“La fiscalía está usando el derecho como arma de guerra, un procedimiento conocido como lawfare, para lograr objetivos abusando del poder”, dijo el abogado.

Lula también está siendo juzgado por un juez de primera instancia en Brasilia, que aceptó una denuncia por obstrucción a la Justicia, y la semana pasada también fue incluido en la investigación preliminar abierta contra más de sesenta políticos por el Supremo Tribunal Federal.