La fiscalía se opuso ayer a excluir al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy del macrojuicio de corrupción Gürtel, tras considerar que la investigación dejó en claro que la formación conservadora “se benefició” de los fondos provenientes de la trama.

“El PP fue el que se vio beneficiado en más de 245.000 euros de fondos procedentes de cohecho y malversación y no los grupos municipales”, aseguró la fiscal Concepción Sabadell, defendiendo la imputación de la fuerza gubernamental como partícipe de la corrupción a título lucrativo. El pasado viernes, los abogados del PP pidieron la nulidad del caso en su contra, afirmando que las beneficiadas fueron las agrupaciones locales, de los distritos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde ocurrieron los hechos de corrupción que se están juzgando.

Asimismo, la representante del Ministerio Público se opuso al pedido de dos acusaciones de que el presidente del gobierno en funciones y líder del PP, Mariano Rajoy, declare como testigo, aunque sólo “por el momento y sin perjuicio de lo que pase en las sesiones”. Las acusaciones solicitaban que Rajoy testifique porque consideran que debía conocer las actividades del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien llevó la contabilidad B de la fuerza conservadora durante dos décadas y acumuló cerca de 48 millones de euros en Suiza, presuntamente provienes de la red Gürtel.

Por otro lado, la fiscal acusó a algunos abogados de los ex dirigentes del PP implicados en la red de corrupción de “intoxicar” la causa en un intento por lograr que el juicio quede anulado a pesar de la “abrumadora prueba” en su contra.

En la jornada de apertura del juicio, las defensas argumentaron que la investigación del caso se inició de formar irregular a partir de unas escuchas telefónicas al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su abogado. Sin embargo, la procuradora recordó que la causa de corrupción se inició con la denuncia de José Luis Peñas, ex edil de Majadahonda y no con las polémicas grabaciones. La trama de corrupción Gürtel fue destapada en 2009 por el ex juez español Baltasar Garzón, quien fue inhabilitado posteriormente por haber autorizado las mencionadas escuchas.

En la causa están imputadas 37 personas, que suman pedidos de prisión de 730 años por delitos de prevaricato, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, entre otros. Se juzga la “pieza matriz” de la trama, entre los años 1999 y 2005.

Correa, cabecilla de la trama, orquestó la red de empresas y sociedades que pagaban favores y hacían regalos al PP a cambio de contratos públicos, la gestión de eventos y campañas electorales. De esta forma, la red logró conseguir 11,25 millones de euros de gobiernos municipales y regionales en manos del PP. El ex tesorero Luis Bárcenas era el canalizador del dinero en el seno del PP y se cree que las comisiones son el origen del dinero que guardaba en Suiza, descubierto por el juez Pablo Ruz en 2013.

A partir de esa revelación salieron a la luz los “papeles de Bárcenas”, como se conoce la contabilidad B del PP atribuida al ex tesorero, que presuntamente nutrió al partido de dinero en negro proveniente de empresas contratistas del Estado entre 1990 y 2008.

En pleno juicio y en un momento muy delicado para Rajoy, quien hace sus últimos esfuerzos por formar gobierno con el apoyo del Partido Socialista (PSOE), el diario El Mundo publicó ayer que durante los años de la red Gürtel la dirección nacional del PP enseñó a los dirigentes municipales cómo financiar de forma irregular sus campañas electorales. Según reveló el periódico, la dirección nacional tenía un archivo de powerpoint (presentación de diapositivas) explicativo para trasladar a los ediles las directrices básicas para “superar el límite legal de gasto sin ser descubiertos por el Tribunal de Cuentas”. Algunos de ellos, como ocurrió en la Comunidad de Madrid, plasmaron las instrucciones en diapositivas para transmitir el mensaje en cadena a sus primeros ediles, indica el diario.

Las tribulaciones de Rajoy no abarcan sólo el plano judicial. El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, emplazó ayer al Ejecutivo español a “hacer política” y a negociar con ellos la fecha y la pregunta del referéndum sobre la independencia de esa región, que se celebrará en torno de septiembre de 2017, con la autorización o no del Estado, subrayó.

A su juicio, se trata de diseñar una consulta en la que se sientan todos “cómodos”, en la que se pacte la fecha, la pregunta y los porcentajes sentados a una mesa, porque ahora están en el “banquillo de los acusados”, dijo en una conferencia en Madrid. Puigdemont hacía referencia al juicio al que se enfrentan su predecesor en el cargo, Artur Mas, y la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, por desobedecer al Tribunal Constitucional y poner en marcha el llamado “proceso” hacia la independencia a través de distintas iniciativas.

“Nuestra prioridad es llegar a un acuerdo con el Estado”, dijo, al considerar que se resolverían “dos variables enquistadas: la situación en Cataluña y también la gobernabilidad en España”, señaló.

El líder catalán recordó que alrededor del 80 por ciento de los catalanes cree que no se debería votar por tercera vez: “Los del sí y los del no nos sentimos cómodos con la idea de votar”, insistió antes de urgir al Estado a que “juegue el partido” y a que les proponga “algo”.

El presidente está abierto a negociar la fecha de la consulta y a hablar sobre los porcentajes, de manera que se fije un mínimo de participación “incontestable” para dar legitimidad a la votación y otro porcentaje sobre el resultado.

Ese mensaje se lo trasladará al próximo presidente del Gobierno y también se mostró dispuesto a hablar con el rey Felipe VI cuando él “considere oportuno”, consciente de que tiene “un papel difícil”, que está ejerciendo “con responsabilidad”.

Puigdemont también negó que el proyecto soberanista esté influyendo negativamente en la economía catalana, sino que incluso ve que está sucediendo lo contrario, con el PIB catalán creciendo a mayor ritmo que la media y subrayó que una Cataluña independiente es viable desde el punto de vista económico.

Cataluña, una de las llamadas comunidades “históricas”, junto al País Vasco, Galicia y Andalucía, disfruta de un alto nivel de autogobierno, pero en los últimos años han resurgido con fuerza las demandas independentistas, que antes eran minoritarias. El gobierno catalán, apoyado por la coalición Junts pel Sí (Juntos por el sí) apuesta por la independencia, junto al partido de izquierda radical CUP.

Ambos grupos han aprobado en el Parlamento de Cataluña diversas resoluciones secesionistas, contra el criterio del Tribunal Constitucional.