[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El ex dictador Augusto Pinochet fue interrogado y se declaró inocente de los crímenes de tortura y desaparición de 19 personas en el marco del llamado Operación Cóndor durante la década del ’70, un plan de colaboración entre las dictaduras de Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los hechos sucedieron cuando era gobernante y “no tenía tiempo de preocuparme de asuntos menores”, manifestó el ex dictador en la declaración escrita que firmó ante el juez Guzmán y uno de sus abogados defensores.
La indagatoria transcurrió en calma en el hogar del asesino millonario y duró casi una hora. Cuatro simpatizantes del ex militar estuvieron presentes, mientras que no acudieron familiares de víctimas de la dictadura ni miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos. Un abogado de Pinochet presente en la indagatoria, Gustavo Collao, dijo que el ex dictador requirió de asistencia médica y que respondió las “respetuosas preguntas” del juez “con toda la dignidad de soldado, de hombre y de ex presidente”. El juez dijo que lo encontró cansado y que no pudo formular todas las preguntas que quería hacerle. “Yo tenía más preguntas que hacer, pero noté que tenía mucho cansancio”, dijo a los periodistas al recibirlos en su despacho tras regresar de la casa de Pinochet. “Entonces resumí las preguntas”, agregó. Guzmán Tapia señaló que su encuentro con Pinochet se enmarcó en un clima de respeto y aseguró que “la Justicia está desarrollando su actividad como debe hacerlo”. Entre otras cosas, el juez busca aclarar si Pinochet autorizó la reunión que los agentes secretos de seis dictaduras sudamericanas celebraron en Santiago en noviembre de 1975, para dar la partida a la Operación Cóndor. La parte querellante estima que Pinochet negará su participación. Sin embargo, uno de sus colaboradores, el general retirado Luis Cortés Villa, admitió que el entonces dictador autorizó la reunión en la que nació ese plan conjunto para librar la guerra sucia contra la subversión.
El juez probablemente ordenará que Pinochet de 88 años sea sometido a exámenes médicos y psiquiátricos con el propósito de determinar si está en condiciones de salud física y mental para enfrentar un juicio. Fuentes cercanas al magistrado dijeron que al comenzar el encuentro con el dictador pidió una mesa, para instalar su computadora portátil en el que una actuaria tomó nota de cada una de sus declaraciones. Cumplido el interrogatorio, Guzmán Tapia quedó en condiciones de abrir formalmente un juicio o pedir que Pinochet sea sometido a exámenes médicos y psiquiátricos, como recomendaron los jueces de la Corte Suprema cuando lo privaron de su fuero en agosto. “Vamos a pedir (mañana) que sea detenido y sometido a juicio”, dijo el abogado Eduardo Contreras, uno de los juristas que impulsan las denuncias contra Pinochet. El abogado Pablo Rodríguez, jefe de la defensa estimó en cambio que el juez debe ordenar esos exámenes a la brevedad e incluso calificó el interrogatorio de “imprudente”, porque Pinochet no está en condiciones de soportar una actuación de esa naturaleza”.
La indagatoria de ayer había sido fijada por Guzmán dos semanas atrás, pero tuvo que ser suspendida en dos ocasiones por recursos presentados por la defensa. Guzmán deberá ahora definir un posible procesamiento, del que puede derivarse el arresto domiciliario. Guzmán es el juez que en 2001 tomó declaración al ex dictador en el marco del caso “Caravana de la Muerte”, una comitiva militar que ejecutó a 75 opositores a la dictadura chilena en 1973. A comienzos de agosto pasado, el ex dictador respondió también preguntas del juez Sergio Muñoz, que lo investiga por las millonarias cuentas secretas en el Banco Riggs de Estados Unidos. La existencia de estas cuentas fue un factor determinante en el veredicto de la Corte Suprema que le quitó los fueros especiales. Hace unos días se supo que la fortuna personal del asesino podría llegar a ascender a 16 millones de dólares. El origen del dinero está bajo investigación, ya quese sospecha que el caso podría configurarse como lavado de dinero, con lo cual se pone fin al mito de que Pinochet fue un dictador “honrado”.