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La tortura fue una política sistemática durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un informe oficial sobre la aplicación de torturas durante el período 1973-90 en Chile reveló que ésa fue una práctica sistemática aplicada por los agentes del régimen de Pinochet a unos 30 mil presos políticos, según informó ayer el diario La Nación. El documento, elaborado por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, será entregado a fines de octubre al presidente Ricardo Lagos, quien debe decidir personalmente la fecha en que se hará público.
De acuerdo con el diario de Santiago, lo más importante del documento es que terminará por derribar la tesis de las Fuerzas Armadas sobre la actuación a título personal de sus efectivos en los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet. La investigación, a la que tuvo acceso el diario, concluye que la aplicación de tormentos fue una política de Estado que afectó a más de 30 mil personas e involucró a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En el documento se explica y menciona cada lugar de torturas, región por región y ciudad por ciudad. Se relatan además los tipos de tormentos aplicados, y se intentan explicar los efectos sociales y psicológicos que dejaron los apremios ilegítimos en cada una de las víctimas. No obstante, el informe no entrega los nombres de los torturadores ni de quienes dieron las órdenes.
El documento fue elaborado por petición especial del presidente Lagos, quien hace un año pidió a todos los chilenos que fueron víctimas de torturas que se acercaran hasta las oficinas de la Comisión para entregar sus testimonios. El documento sirve de base para cuantificar futuras compensaciones económicas para las víctimas, no incluidas hasta ahora en los planes de reparación de víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Comisión fue creada por Lagos en septiembre del año pasado, en el marco de su propuesta global sobre derechos humanos, a 30 años del golpe de Estado que derribó a Salvador Allende.
El informe sobre torturas tiene como precedente el llamado Informe Rettig, que se hizo público en 1991, sobre ejecuciones y desapariciones forzadas durante la dictadura. El documento concluyó que la dictadura de 17 años (1973-1990) encabezada por el general Pinochet fue responsable de la muerte o desaparición de más de 3 mil presos políticos.
La Nación estima que el texto es de un contenido tan duro que los uniformados no tienen aún muy claro cómo enfrentarán la presión que se les viene encima, ya que de los testimonios –que incluyen también a uniformados activos y en retiro– se estableció que la tortura fue una política de Estado que involucró a todas las instituciones castrenses. Este hecho haría caer la tesis que postularon las ramas armadas cuando expresaron su rechazo al Informe Rettig (siendo Pinochet jefe del Ejército) y posteriormente a la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, que entregó sus conclusiones en el 2000. Si bien las Fuerzas Armadas colaboraron en esta última instancia, rechazaron que los desaparecidos fueran fruto de órdenes de la jerarquía o de una línea de mando. El periódico indica que si los uniformados admiten que la tortura fue un método institucional, tendrán que reconocer que el exterminio de opositores, con más de 3 mil víctimas, también fue una política de Estado.
La versión indica que las alternativas para los militares son escasas, pues sólo pueden optar entre aceptar que así ocurrieron las cosas y aprovechar la oportunidad de pedir perdón, o bien negar y descalificar el documento, como hicieron con el Informe Rettig.
El medio escrito (de propiedad estatal) asevera que la expectativa que existe a nivel internacional respecto de este informe es tan grande que los miembros de la comisión y autoridades de gobierno han recibido constantes visitas y llamados de organismos defensores de los derechos humanos.
Al ser consultado sobre el informe, el secretario general de gobierno de Chile, Francisco Vidal, confirmó que será recibido a fin de mes por el presidente Lagos y que, tras revisarlo, decidirá la forma y lafecha para darlo a conocer. El vocero de La Moneda indicó a Radio Cooperativa de Santiago que la investigación realizada es positiva, pues ayuda a esclarecer la verdad y a reparar violaciones a los derechos humanos, especialmente en un área en que no se había informado a nivel de Estado, como es la tortura.