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Por Manuel Délano*
Desde Santiago

El comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, pidió ayer a la sociedad avanzar para cerrar las heridas del pasado por las violaciones a los derechos humanos, pues “así como la verdad y justicia son necesarias (...), la reconciliación también lo es”, dijo la máxima autoridad castrense. Cheyre anunció que su institución está elaborando nuevas ordenanzas, que reflejen el pleno respeto a la dignidad humana y criticó el compromiso que tuvo en el pasado el ejército con los aparatos represivos, sin mencionar al ex dictador Augusto Pinochet.
Ante unas mil personas que llenaron el auditorio de la Escuela Militar, en Santiago, incluyendo autoridades de los tres poderes del Estado, académicos y víctimas de atropellos a los derechos humanos, Cheyre pronunció el discurso de fondo de un inédito seminario, en que el ejército planteó su compromiso con los derechos humanos en el siglo XXI. Las ordenanzas del ejército, derogadas en 1926, cuando se dictó el código de justicia militar, están siendo reformuladas para ser dictadas el próximo año y convertirse en un “código de ética” de la institución. Pero este compromiso, agregó, de nada serviría “si la sociedad no asume también su compromiso con el ejército”. Este, afirmó el general, no consiste en “impunidad, punto final o borrar el pasado”, sino en “cerrar las heridas”, algo que compete a “la sociedad y sus representantes (...), la superación del pasado sin negarlo”. En un discurso lleno de matices y equilibrios, aplaudido de pie por los asistentes al terminar, Cheyre explicó que la responsabilidad institucional del ejército en las violaciones a los derechos humanos, que él mismo reconoció, no implica que igualmente las culpas sean individuales. “Jurídicamente no cabe la posibilidad de juzgar al ejército como institución y mucho menos penalizarlo o castigarlo”, dijo Cheyre en su primer discurso público desde que el presidente Ricardo Lagos diera a conocer el informe sobre los 28 mil casos de tortura y prisión política en la dictadura.
Después de esta precisión, por primera vez criticó los mandos en el período de la dictadura, sin nombrar a Pinochet, y procuró separar las aguas de los aparatos represivos. El ejército llegó a la convicción de que en los delitos contra los derechos humanos “se empleó patrimonio institucional”, afirmó, lo que implica “una suerte de compromiso o inacción de mandos en el proceso” y condujo a que prácticas erradas no fuera rechazadas y al quiebre en estos casos de la línea de mando. Además, reprochó que su institución haya destinado a oficiales y cuadros permanentes a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) y CNI (Central Nacional de Informaciones), sin precaverse de “no exponer a su personal, por tan prolongado tiempo en actividades propias de entidades cuyos fines, métodos y medios le eran ajenos”.
Por otra parte, la Coordinadora de ex Presas y Presos Políticos entregó un informe propio sobre la tortura en la dictadura, “Nosotros, los sobrevivientes, acusamos”, de 462 páginas, en que dan a conocer los nombres de 1963 personas acusadas de practicar torturas, permitirlas o callarlas, según los casos. La lista incluye a ex agentes de la DINA y CNI, miembros de las fuerzas armadas, médicos que asistían a las sesiones de torturas, de abogados y de periodistas de los medios que callaron esta práctica. Dirigentes de esta organización criticaron la decisión del gobierno de Lagos de mantener en secreto durante 50 años los testimonios que entregaron las víctimas a la Comisión de Prisión Política y Tortura, donde están los nombres de los torturadores. El portavoz del gobierno reaccionó criticando la estigmatización de personas y señaló que los tribunales deben resolver ante estas acusaciones.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.