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Seis asesinos menos caminan por las calles de Santiago. Ayer fue arrestada la totalidad de la cúpula de la policía represiva de la dictadura chilena de Augusto Pinochet (1973-’90). Los jerarcas de los temidos servicios secretos de la dictadura arrestados incluyen a dos de los principales jefes de la represión: los generales retirados Manuel Contreras y Hugo Salas. Ambos generales están condenados en casos distintos y por pura coincidencia, en el mismo día, los dos jueces a cargo de las causas dictaron sendas órdenes de arresto. Salas fue condenado a cadena perpetua, en primera instancia, por la ejecución de 12 miembros de un grupo subversivo mientras que, en lo que fue caracterizado como “un acontecimiento histórico”, Contreras comenzó a cumplir su condena de 12 años de cárcel por la desaparición de un militante de izquierda. Pero el rigor de la ley todavía no ha caído sobre el asesino millonario.
La sentencia de Contreras es considerada un hito en la historia judicial chilena, ya que en ella se estableció que la Ley de Amnistía que se dictó en 1978 no era aplicable en casos de “secuestros permanentes”. Esta ley fue dictada por Pinochet en 1978 e impide la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. En su resolución, la Justicia consideró que el delito se sigue cometiendo hasta que aparezcan los restos o se sepa qué les ocurrió. Según abogados de Derechos Humanos, el caso debería sentar jurisprudencia en los más de 300 procesos por violaciones a los derechos humanos abiertos en los tribunales chilenos. La cúpula de los servicios secretos fue condenada el año pasado, pero varios recursos judiciales dilataron el cumplimiento de la sentencia hasta ayer. El gobierno, a través del ministro de Interior, José Miguel Insulza, calificó las detenciones como “un acontecimiento histórico”.
El juez citó en su despacho a todos los condenados para notificarles la resolución, pero el único que no acudió fue Contreras, quien permaneció en su residencia en rebeldía. Solís expidió entonces una orden de captura contra Contreras, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por las numerosas causas en las que está comprometido. Mientras eso sucedía, los otros ex miembros de la DINA condenados, Marcelo Moren Brito, Miguel Krassnoff, Fernando Laureani y Gerardo Godoy, fueron llevados desde el palacio de tribunales a dos cárceles en las que pagarán sus condenas. Contreras fue detenido en su residencia particular, tras resistirse durante más de tres horas. Durante el operativo sus familiares intentaron impedir el arresto e incluso se produjeron forcejeos que produjeron algunos destrozos en la casa del ex jefe de la DINA (policía política de la dictadura). Algunos familiares del oficial retirado fueron llevados a la comisaría por obstaculizar la detención. Contreras se habría enfrentando con un arma de fuego a los agentes, que debieron a su vez desenfundar sus armas de servicio para reducir al militar.
El abogado de Contreras, Juan Carlos Manns, alegó un “exceso” de violencia de parte del personal de la policía civil. Relató que Contreras fue sacado de su casa de forma violenta, “sin que haya mediado ninguna oposición de orden violenta de parte del general Contreras ni de parte de su grupo familiar”. “Entraron a la casa 25 personas, destruyendo cuanta cosa había, golpeando a las hijas del general, a unas sobrinas que estaban ahí y a los yernos, golpearon a todas las personas que estaban ahí”, precisó. En 1995 Contreras también se resistió a un arresto cuando se atrincheró en su casa de Fresia, en el sur chileno, y luego en un hospital, antes de entregarse para cumplir la condena de siete años por el asesinato en Washington del ex canciller chileno Orlando Letelier, en 1976.
El traslado del detenido se realizó en medio de un fuerte despliegue policial, que incluyó una caravana de nueve vehículos y un helicóptero. Igual operativo se desplegó al ingreso y salida de Contreras desde los tribunales donde fue recibido por los familiares de las víctimas de la dictadura con una lluvia de tomates, botellas y huevos. Los familiares desbordaron de alegría cuando se convirtieron en testigos del traslado del temido general Contreras a una prisión especialmente habilitada paracondenados por violaciones de los derechos humanos, situada en el batallón de telecomunicaciones del ejército.
También en la jornada de ayer el juez Hugo Dolmestch condenó a cadena perpetua al general retirado Hugo Salas, quien fuera el jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo represor que reemplazó a la DINA, por la ejecución de 12 miembros del otrora grupo subversivo Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en 1987. Dolmestch condenó a 15 ex militares por este caso, conocido en medios judiciales como la Operación Albania, y absolvió a otros 11.
A pesar de la alegría, víctimas de la dictadura y organizaciones defensoras de los derechos humanos señalaron que todavía falta una condena contra Pinochet, que a comienzos de este año estuvo algunos días bajo arresto domiciliario en el marco de la Operación Cóndor, plan aplicado en los años ’70 y ’80 por dictaduras sudamericanas contra opositores.