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Página/12, en Brasil
Por Darío Pignotti
Desde San Pablo

La violencia era ley en 1966, cuando llegó a Brasil Dorothy Stang, miembro de la orden de las Hermanas de Notre Dame Namur, asesinada hace tres semanas cerca de la BR163, estratégica vía de comunicación amazónica que atraviesa la provincia de Pará. En aquel entonces la bisoña Dorothy, de 35 años, poco sabía de este país exótico al que en Estados Unidos conocían por los films de Carmen Miranda y no por su floresta tropical, la más extensa del mundo.
La monja, que según la fiscalía fue ejecutada por sicarios al servicio de una sociedad formada por terratenientes y madereros, había crecido junto a 9 hermanos en Ohio, educada en la disciplina de su padre, un oficial católico de las Fuerzas Armadas. Durante aquellos años de Doctrina de la Seguridad Nacional, los militares norteamericanos colaboraban estrechamente con la dictadura brasileña en su combate a la “subversión”. Para reafirmar la “soberanía”, llevando “progreso, integración y erradicando la infiltración comunista” de la guerrilla implantada en Araguaia, sureste paraense, el dictador Emilio Garrastaçú Medici inauguró a principios de los setenta la carretera Tansamazónica, un tajo de presunta “civilización” que atraviesa la selva de suroeste a noreste. La historias de Stang y la mítica carretera varias veces se tocaron en todos estos años.
Al tiempo que enviaba 20 mil soldados para exterminar la insurgencia, con un saldo de desaparecidos nunca investigado a carta cabal, el régimen hacía un “llamado patriótico” para que los brasileños poblaran la selva. Según la utopía autoritaria concebida por la eminencia parda de la dictadura, general Golbery do Couto e Silva, los colonos establecidos junto a la Transamazónica servirían de contención frente a la prédica “disolvente” de comunistas y religiosos.
Tierra prometida
La monja Stang había adoptado la ciudadanía brasileña pero nunca logró borrar por completo las marcas de su lengua materna. Aun así hablaba un correcto portugués y lo hacía con el “sotaque” (tonada) de los trabajadores llegados a la Amazonia en diversas oleadas inmigratorias.
Todavía con acento gaúcho, Altair Pedro Martini recuerda que “en el sur teníamos 16 hectáreas, aquí nos prometieron 100 para cada familia. Era una cosa extraordinaria. Mi padre vino a conocer el lugar y enseguida nos trajo a todos. Fueron 9 días viajando, llegamos el 23 de septiembre de 1973, teníamos muchas ganas de trabajar”. Martini todavía vive en Ruropolis, un pueblo levantado junto a la BR163, igual que Anapú, el municipio donde mataron a Stang.
Para labriegos como Martini, “hoy nos falta todo, no hay incentivo técnico, ni financiamiento, estamos desamparados frente a los estancieros que quieren comprarnos la tierra a precio de banana”. La tierra prometida no era para ellos. Es en la indefensión de Martini y miles como él que cabalga la codicia de terratenientes y madereros: si la presión económica no basta para convencerlos, llegan los pistoleros. Con esos labriegos y con campesinos sin tierra trabajaba la hermana norteamericana en la organización del asentamiento Esperanza, encuadrado en el programa de Desarrollo Sustentable, donde el 20% de la tierra es explotada y el 80% se preserva.
Pero la utopía desarmada de la monja se reveló insuficiente para hacer frente a la expansión terrateniente. Eso lo retratan las fotos satelitales tomadas sobre Pará, en que una mancha clara va comiéndose la mata. Con todo, aún resta la “Terra do Medio”, una reserva de 9 millones de hectáreas de “selva continua”, donde el desmonte aún no llegó. El prófugoVitalmiro Gonçalves de Moura, acusado de ordenar el asesinato de Stang, sería uno de los productores interesados en ocupar ilegalmente ese reservorio de riquísimas maderas preciosas.
Geopolítica de un crimen
El presunto asesino de la monja, Rayfrán das Neves Sales, reconstruyó esta semana la circunstancia del crimen. Decenas de militares, de un contingente de 2000 enviados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, custodiaron al sospechoso. A 35 años de la ofensiva militar sobre la Amazonia, este asesinato revela su fracaso. Ni integración, ni desarrollo, ni civilización dejó aquella geopolítica que subestimó la variable social como un factor menor dentro de proyecto de progreso conservador y autoritario. El crimen de Anapú también prueba que la megalómana carretera Transamazónica no fue capaz de resolver la principal preocupación militar: la soberanía. Con una superficie equivalente a la de Argentina y México sumados y una población menor que la provincia de Buenos Aires, la Amazonia sigue siendo, en términos estratégicos, poco menos que un agujero negro. Ese vacío demográfico y la incapacidad manifiesta del Estado para hacer cumplir la ley son señales de la “insuficiencia” de soberanía en una región codiciada por sus riquezas y su ubicación.
El gobierno, consciente de esa vulnerabilidad, parece resuelto a rechazar las habituales presiones venidas de los países centrales. Eso explica las airadas declaraciones formuladas por el canciller Celso Amorim ratificando que Brasil no precisa del tutelaje internacional para garantizar los bienes naturales albergados en su selva. La posición del ministro planteada el último jueves fue en respuesta a Pascal Lamy.
El político francés, candidato a la presidencia de la Organización Mundial del Comercio, había manifestado en las Naciones Unidas, luego del asesinato de la religiosa, que es preciso estudiar una fórmula de “administración internacional” de la Amazonia. Lamy tocó una cuerda que ya ha sido pulsada por otros países, principalmente Estados Unidos, también preocupados por las implicancias en materia de seguridad de una región que comprende naciones “calientes” como Venezuela y Colombia.
Lamy evitó hablar de “soberanía”, pero subrayó el “papel fenomenal” que la Amazonia tiene en el destino de la humanidad y la conveniencia de que en el futuro se la considere un “bien público mundial”.
Aunque el gobierno levantó la voz frente a la insolencia del francés Lamy, hubo un silencio de radio ante la llegada de tres agentes del FBI norteamericano para “colaborar” en el esclarecimiento del crimen, según palabras del embajador John Danilovich. Con esas “visitas”, Washington también pone en cuestión la soberanía brasileña.