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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

En medio de protestas sectoriales en torno de la Ley de Hidrocarburos que no logran articularse –los cooperativistas mineros llegaron a un acuerdo sectorial y levantaron los bloqueos–, la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto anunció ayer un paro cívico indefinido para el próximo lunes. Entretanto, una lluvia de críticas proveniente de todos los sectores sociales cayó sobre el presidente Carlos Mesa quien, luego de delegar en el Congreso la promulgación de la Ley de Hidrocarburos, apareció en las pantallas televisivas procurando recuperar protagonismo con el anuncio de un plan económico y social considerado “distractivo y demagógico”. En palabras de Luis Carlos Gemio, ex ministro de Hacienda, se trata de “desgasificar” el debate político en el país.
“El mensaje mostró un país de maravilla, pareciera que de pronto estamos en Suiza”, ironizó el dirigente opositor Evo Morales sobre el forzado optimismo –no exento de “autobombo”– que caracterizó el mensaje presidencial. “Este señor sólo sabe hacer shows televisivos”, agregó el concejal alteño Roberto de la Cruz, quien encabezó la marcha que el lunes intentó llegar al Parlamento “para cerrarlo”. Pero las críticas también llovieron desde los sectores empresariales: “El presidente vive en un país virtual”, subrayó Roberto Yánez, presidente de Confeagro. Algunos periodistas arriesgaron que el mandatario compró los costosos espacios televisivos, en el horario central de los informativos, para evitar la proyección de la imagen del presidente del Senado, Hormando Vaca Díez –convertido en la antítesis de la indecisión presidencial–, promulgando la norma. “Vaca Díez habló como presidente durante la promulgación”, dijo el senador oficialista Filemón Escobar, que previamente había acusado a Vaca Díez de “conspirar contra la democracia”.
Las empresas petroleras reaccionaron con fuertes críticas a la ley, incluidas en un spot radial en el que auguran graves consecuencias para el empleo y el país. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) señala, en un comunicado emitido desde Santa Cruz de la Sierra, que la norma es “confiscatoria”, ya que “afecta los derechos reconocidos por los contratos, la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales”. Para los petroleros, el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) del 32 por ciento –que se mide y se paga como las regalías del 18 por ciento– representa una “regalía encubierta” y la reestatización de los hidrocarburos (en boca de pozo) viola los contratos vigentes. Entretanto, la brasileña Petrobras, responsable del 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia, reducirá sus inversiones en ese país debido a la nueva ley, dijo ayer la ministra brasileña de Minas y Energía, Dilma Roussef, en declaraciones reproducidas por la agencia EFE. Trascendió también que algunas petroleras –especialmente las que poseen campos más pequeños– iniciarían juicios internacionales contra el Estado boliviano. La CBH señaló que cada compañía “tomará las medidas adecuadas, dentro del más riguroso respeto de la legalidad, a fin de proteger sus derechos”. “Yo sé en lo íntimo que, a lo mejor, nos va generar demandas y arbitrajes”, dijo Vaca Díez, a tiempo de considerar que, aun con esos riesgos, la nueva legislación es mejor que la anterior, marcadamente neoliberal.
En este contexto de equilibrios inestables, muchos dudan de la capacidad del mandatario boliviano para articular las dos agendas en pugna: la Asamblea Constituyente –reclamada por los movimientos sociales– y el referéndum autonómico (empantanado en el Parlamento en medio de amenazas de los cruceños de convocar una consulta autonomista de facto). “Lo que está ocurriendo –incluyendo la ley– es un promedio de las fuerzas en pugna”, sintetiza el analista Raúl Prada, quien considera improbable que los actuales conflictos deriven en un “nuevo octubre”.
Las medidas de presión –que incluyen una marcha desde Caracollo hasta La Paz– parecen, hasta el momento, insuficientes para torcer el rumbo político a favor de la nacionalización, demanda fuertemente simbólica pero sin anclaje en una propuesta técnico-económica concreta y que no cuenta con el apoyo del MAS. En ese contexto, el incierto paro cívico convocado por las juntas vecinales mostrará la capacidad interpelatoria del discurso nacionalizador.
Y en un inquietante dato lateral, surgieron especulaciones de un estado de “malestar” en las fuerzas armadas. El hecho se produjo a consecuencia de declaraciones del general César López advirtiendo el martes del peligro de “desintegración nacional” –lo que podría o no interpretarse como una alusión a las situaciones de Santa Cruz y Tarija–, pero el mismo López salió ayer a reafirmar su “apego” a la Constitución.