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Bolivia comienza una cuarta semana intensa y complicada de protestas sociales que piden nacionalización de hidrocarburos y una Asamblea Constituyente, agenda que junto al referendo autonómico debe considerar ineludiblemente el Congreso. Los congresistas están convocados para discutir mañana el referendo autonómico, pero las organizaciones sociales amenazan con protestas desde hoy para que también incorporen modificaciones a una nueva ley de hidrocarburos y llamen a una asamblea constituyente.
Con el temor de que se reinstale un clima de violencia en La Paz, luego de un efímero receso de fin de semana, el defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, llamó a “que se calmen los ánimos y haya una especie de tregua para que los parlamentarios sesionen sin presiones”. La sede de gobierno fue hostigada la semana pasada por manifestaciones de mineros, indígenas, maestros, comerciantes y trabajadores que pretenden ocupar la fuertemente resguardada Plaza de Armas, donde están emplazados el Congreso y el palacio presidencial. Albarracín, que intenta sin éxito concretar un encuentro nacional de unidad, deploró sin embargo que “estos candentes asuntos corren el riesgo de tratarse sin los consensos mínimos”.
La decisiva reunión congresal, que eventualmente podría pacificar el país o ahondar sus divergencias, intentará engarzar las contrapuestas agendas regionales que tienen al país al borde de la escisión. El poderoso departamento de Santa Cruz encabeza una corriente apoyada por Tarija, que alberga ricos yacimientos gaseros, Beni y Pando, por un referendo autonómico, al que se autoconvocó para el 12 de agosto. La demanda se repitió ayer en una concentración folclórica de la “tradición cruceña”, donde los dirigentes cívicos mantuvieron su determinación de autoconvocarse al referendo de autonomías. La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca se inclinan por convocar a una Asamblea Constituyente que aborde modificaciones a la Constitución y encare además las autonomías regionales.