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Por Pablo Stefanoni
Desde La Paz

“Debemos llamar a elecciones de presidente, vicepresidente y parlamentarios lo antes posible”, dijo ayer el flamante presidente de la República, el jurista Eduardo Rodríguez Veltzé, al salir de la esperada reunión con las organizaciones sociales de la ciudad de El Alto. De esta forma, el mandatario posesionado el pasado jueves, en medio de una profunda crisis política y social, respondió a uno de los reclamos alteños: que el proceso electoral no se restrinja a la elección de un nuevo Ejecutivo sino que también los parlamentarios se sometan a las urnas. Una suerte de autoinmolación, considerando el rechazo popular a quienes en teoría son sus representantes. Sin embargo, la Constitución boliviana sólo prevé elección para presidente y vice –para completar el mandato–, lo que demanda un acuerdo político del que debe formar parte el actual Congreso. El mandatario señaló que el resto de la agenda alteña –nacionalización de los hidrocarburos, inmediata convocatoria a Asamblea Constituyente y aceleración del juicio de responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada por los 60 muertos de 2003– deberá ser atendido por el sistema democrático –el Congreso y la Justicia– “debidamente relegitimado”.
“Mi primera acción como presidente ha sido preocuparme por los conflictos en la ciudad de El Alto”, abrió el juego Rodríguez Veltzé frente a un público compuesto por un centenar de dirigentes alteños y sentado junto a Abel Mamani –presidente de la Fejuve–, Edgar Patana -de la central obrera–, Braulio Rocha –de los Gremiales, como se conoce aquí a los comerciantes informales–, y Gualberto Choque –de la federación de campesinos de La Paz–. Luego hicieron uso de la palabra los dirigentes sindicales, en medio de gritos de “Jallalla (viva) la hoja coca” y la tradicional pregunta-repuesta: “¿Qué queremos?... ¡Nacionalización!”. “No nos revelamos para destruir este país, nos revelamos para sacarnos de encima a esta peste que lo gobierna y son quienes realmente lo están destruyendo”, dijo Choque en su intervención, señalando que “no somos irracionales como quieren hacernos quedar en algunos medios”. En una mezcla de confianza y advertencia, los alteños le dijeron al presidente “creemos que usted no se va a equivocar” (como Carlos Mesa) y esgrimieron la tregua declarada como muestra de la predisposición al diálogo de esta “ciudad combativa que expulsó al sanguinario Sánchez de Lozada” y corrientemente se percibe a sí misma como “defensora de la nación”.
El auditorio de Radio San Gabriel, elegido como sede del diálogo, no carece de simbolismo: allí 300 dirigentes campesinos –incluyendo a Felipe Quispe– iniciaron en septiembre de 2003 una huelga de hambre que terminaría con la “guerra del gas” y la expulsión de Sánchez de Lozada un mes después. La demanda de que el propio mandatario se desplace hasta El Alto –como forma de mostrar poder territorial– repitió la escena de octubre de 2003, cuando el también recién posesionado Carlos Mesa se dirigió a esa urbe de mayoría indígena como primer acto de gobierno. Allí pronunció palabras hoy recordadas por todos como una profecía: “Si no cumplo con mis promesas, pueden echarme a patadas”.
Sin embargo, la renovación total del sistema político no es una decisión que corresponda solamente al jefe de Estado. “Tiene que haber una situación de hecho, el Parlamento debe disolverse por decisión propia para que se elija uno nuevo”, dijo a Página/12 el constitucionalista Jorge Lazarte. El acuerdo político es imprescindible porque el artículo 93 de la Constitución Política del Estado establece que en caso de asumir elpresidente de la Corte Suprema de Justicia –antes de los tres años de mandato de su antecesor– “se procederá a una nueva elección de presidente y vice, sólo para completar dicho período” (si hubieran pasado más de tres años, Rodríguez podría completar él mismo el mandato). Pero nada dice del Congreso, que desde que vuelva a reunirse mañana enfrentará diversas presiones para que sus miembros se sumen al “renunciamiento histórico” de Mesa, Vaca Díez y Cossío o enfrenten nuevas oleadas de ira popular.
La ronda de ayer abrió nuevos canales de diálogo que continuarán hoy por medio de comisiones creadas para tal fin. Si bien los resultados de ayer fueron escasos –en relación con la “agenda de octubre”–, los difusos compromisos presidenciales les permitieron a los dirigentes conseguir una salida “digna” a un paro que llevaba tres semanas y comenzaba a hacer agua. Paradójicamente, el empecinamiento de Hormando Vaca Díez en llegar a la silla presidencial operó como “facilitador” de una salida a la crisis. El peligro que los movimientos percibieron en su acceso al poder los hizo relegar –temporalmente– una agenda sin puntos intermedios que negociar, como la nacionalización de los hidrocarburos, y concentrar sus esfuerzos en impedir la investidura del senador cruceño.
Así se evitó la paradoja de que la segunda guerra del gas le devuelva el poder a los expulsados en la primera, se consiguió un triunfo parcial que justifique el enorme esfuerzo desplegado en las movilizaciones, y –con ese pequeño “trofeo” entre manos– el país retornó a una normalidad cuya continuidad dependerá de la voluntad de la clase política para llevar adelante un proceso de renovación que incluya a los nuevos actores sociales. Los cuales han ocupado turbulentamente la escena política y –al parecer– no piensan retirarse.