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El gobierno británico estudia la creación de tribunales antiterroristas con poder para determinar cuánto tiempo debe permanecer en prisión un sospechoso sin haber sido acusado de cargo alguno ni haber comparecido ante la Justicia. Tales jueces estarían facultados para estudiar el contenido de cintas con escuchas telefónicas interceptadas, algo que los tribunales ordinarios no admiten como prueba en el Reino Unido. En el proyecto que baraja el gobierno se contempla además la figura de unos “abogados defensores especiales” que podrían acceder a las pruebas que se presentan contra sus clientes, pero a condición de que no se las develen a ellos.
El proyecto fue adelantado ayer por el diario The Guardian varios días después de que el primer ministro, Tony Blair, hiciese público el paquete de 12 medidas contra el terrorismo que pretende consultar en los próximos meses con el resto de partidos políticos. En su última conferencia de prensa antes de irse de vacaciones, Blair advirtió que estudiaba la posibilidad de implantar los procesos previos al juicio. El propio diario The Guardian criticaba en su análisis editorial la vaguedad y falta de concreción en las propuestas de Blair. “Esta no es la forma de lograr el consenso en un tema tan clave”, señalaba.
Las críticas han llegado también desde los propios escaños laboristas. John Denham, miembro del Comité de Asuntos Exteriores del partido en el gobierno, ha declarado que alguna de las propuestas presentadas en la última semana parecen “medio cocinadas” y concebidas bajo presión.
En relación con los atentados del 7 de julio, donde murieron 56 personas, aún no se ha producido ni un solo arresto. Pero vinculados a los atentados fallidos del 21 de julio, Scotland Yard ha arrestado a 39 personas. De ellas, 15 permanecen en prisión y 14 fueron liberadas antes de que transcurran el plazo máximo de dos semanas. Los responsables policiales llevan mucho tiempo solicitando al gobierno que prorrogue ese período de 14 días hasta los tres meses. De haber estado en funcionamiento los tribunales especiales cuya creación sopesa el gobierno, puede que algunas de las 14 personas liberadas por Scotland Yard continuasen ahora en prisión.
Roger Smith, director de la organización Justicia, formada por prestigiosos juristas de todos los partidos políticos, declaró ayer que entraña un enorme peligro el uso de las “detenciones preventivas” y la práctica de mantener a una persona en prisión sin revelárserles de qué se le acusa. “¿Cómo puede una persona defenderse de las alegaciones presentadas contra él si no conoce de qué alegaciones se trata?”, se preguntaba.
En los últimos días también se ha recibido con incredulidad, tanto en los diarios progresistas como en los conservadores, la idea filtrada por el fiscal general del Reino Unido, lord Peter Goldsmith, de que estudia acusar a tres predicadores radicales musulmanes de delitos de traición. La ley se aprobó en el año 1351, poco después del inicio de la Guerra de los Cien Años contra Francia. La última vez que se aplicó fue en 1946 y acarreó la pena de muerte contra William Joyce, acusado de colaborar con los nazis. Hasta los más incondicionales defensores de las medidas propuestas por Blair, como el diario conservador The Daily Telegraph, sostienen que llamar traidores a los terroristas no es la solución y que la ley actual dispone de figuras más precisas y eficaces para combatirlos. Tanto en la izquierda como en la derecha se critica a Blair por buscar titulares populistas que se avienen a la perfección con el apetito de soluciones eficaces y contundentes contra el terrorismo que tiene buena parte de la sociedad. Por otra parte, las autoridades egipcias liberaronayer, por falta de pruebas en su contra, a Magdy el Nashar, un químico egipcio que había sido detenido a petición del Reino Unido por sus presuntos vínculos con los atentados del pasado 7 de julio.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.