[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Se encontraron más restos óseos en Uruguay. Un cráneo, presuntamente de una persona desaparecida durante la última dictadura (1973-1985), fue hallado ayer en el batallón militar de la ciudad uruguaya de Toledo, a unos 20 kilómetros de Montevideo. El hallazgo, que es el segundo de la semana, se produjo en el Batallón de Infantería Blindada número 13 del ejército y fue realizado por un equipo de forenses y arqueólogos que trabajan desde hace varios meses buscando restos de desaparecidos en dos batallones y una chacra en el sur del país. Los hallazgos implican un alivio político para el gobierno izquierdista de Tabaré Vázquez, que estaba presionado por la falta de avances en materia de derechos humanos.
El comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti, se presentó en el Batallón 13 tras el descubrimiento, junto a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti; el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini –quien atiende el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que se presume fue enterrada en el Batallón 13–; la fiscal Mirtha Guianze y un perito forense. La Presidencia informó que los técnicos trabajarán durante el fin de semana para intentar encontrar otras partes del cuerpo y exhumar los restos. Asimismo, señaló que el lugar donde se halló el cuerpo era una “zona de interés”, donde trabajaba el equipo de arqueólogos en base a informaciones que había proporcionado el ejército y un sobre que recibió por correo con “un croquis o pequeño plano del lugar que parece coincidir con el sitio del hallazgo”.
Este es el segundo descubrimiento de la semana, ya que el último martes fueron encontrados restos de una persona en una chacra en la ciudad de Pando –a unos 30 kilómetros de Montevideo–, que durante la dictadura estuvo bajo control de la Fuerza Aérea. Según testimonios de militares retirados, allí estaban enterrados los militantes comunistas uruguayos José Arpino Vega y Ubagesner Chávez Sosa. Los restos hallados en esa chacra de Pando, que se presumen pertenecen a Arpino Vega, están siendo investigados desde el jueves en el Instituto Técnico Forense de Montevideo, procurando su identificación.
Los hallazgos de esta semana confirman la hipótesis que sostuvieron durante años los familiares de desaparecidos en cuanto a que hubo enterramientos en fosas clandestinas en establecimientos militares durante la dictadura y fortalece la política revisionista de esos años que promueve el presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, quien asumió en marzo. Para llegar a los restos, los peritos se guiaron con informes elaborados por las tres ramas de las fuerzas armadas por orden de Vázquez, los cuales se basaron en testimonios realizados bajo reserva por militares retirados y en actividad. En estos reportes se reconocieron torturas, inhumaciones clandestinas, ejecuciones y la realización de la denominada Operación Zanahoria, que consistió en desenterrar los cadáveres para cremarlos. La veracidad de esos informes entregados al presidente Vázquez en agosto pasado había sido cuestionada, cuando no se producían hallazgos en los lugares señalados en los primeros meses de búsqueda. En ese marco, se había generado un clima tenso entre el gobierno y los militares, que se descomprime ahora al aparecer restos óseos.
Los hallazgos implican “un cambio de escenario muy importante, en momentos en que la política de derechos humanos del gobierno parecía fracasar”, dijo el analista Alfonso Lessa, autor de varios libros sobre la dictadura. “Es un gran éxito que está teniendo el gobierno”, añadió. Por otra parte, Lessa dijo que el descubrimiento del martes en Pando “puso mucha presión sobre el ejército”, pues su informe –en el que se mencionaba al batallón número 13– era el que generaba más dudas. Ahora los restos encontrados este viernes en el Batallón 13 dan “tranquilidad” a la fuerza de tierra, según reconoció una fuente militar. Las tareas de exhumación se realizan en momentos en que el Senado uruguayo debate un proyecto de interpretación de la polémica Ley de Caducidad, que impide juzgar a militares y policías involucrados en la violación de derechos humanos.