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“¡Estas elecciones no lograrán desarticular la lucha de los explotados!”, proclama el orador. Los aplausos estallan en el auditorio de la modestísima Universidad Pública de El Alto, donde se reunieron unos 200 sindicalistas. Es la clausura de la 1ª Cumbre Nacional Obrera Popular de Bolivia, cuyo lema es: “Contra la política imperialista del saqueo”. En la tribuna se agolpan dirigentes de la Central Obrera Boliviana enmarcados con pancartas rojas y la inevitable efigie del Che.
Llegamos a la lectura de conclusiones: puesto que las elecciones que se celebrarán el próximo domingo 18 no servirán para resolver los problemas del país y ninguno de los candidatos cumplirá “las exigencias del pueblo” (nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización y fin de la economía de mercado, de entrada), los “explotados y movimientos sociales”, en aras de instaurar “un gobierno obrero-campesino”, deberán “confiar en la acción directa de masas y en sus propios instrumentos de lucha, sin descartar la lucha armada”. Estas cinco últimas palabras desaparecen en el documento que se reparte después.
A casi 4100 metros de altitud, el oxígeno escasea y el viento frío levanta nubes de arena. Las hileras kilométricas de casas de adobe y bloques de ladrillo de El Alto ahogan la belleza del Huayna Potosí, con sus cumbres de color violeta cubiertas de nieves perpetuas. Esta ciudad polvorienta de casi un millón de habitantes, nacida en los últimos veinte años de la inmigración minera y campesina, se convirtió en la capital levantisca de Bolivia y se ufana de haber derribado a dos presidentes en dos años: Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003, y Carlos Mesa, el pasado junio.
Los alteños son aguerridos, no cabe duda, pero tienen a su favor un emplazamiento estratégico: ubicada en la meseta que domina La Paz por el norte y por el este, El Alto controla el aeropuerto y todos los accesos a la capital administrativa de Bolivia. Basta con cortarlos para asfixiarla, como ocurrió en 2003. Desde los acantilados alteños, La Paz se dibuja gris y vulnerable, enclaustrada en su valle.
Si El Alto es el bastión contra el “neoliberalismo”, también es el gran beneficiado del libre comercio con Estados Unidos. “Ahora mismo hay unas 240 empresas de exportación que dan trabajo a 18.000 personas”, explica Víctor Malky, presidente de la Cámara de Industria y Comercio.
El auge industrial de El Alto tiene su impulso en el Atpda, un acuerdo preferencial con Estados Unidos para promocionar el comercio andino a cambio de la reducción del cultivo de la hoja de coca. Bolivia exporta textiles, joyas y maderas sin ningún tipo de arancel. Para El Alto, esta inyección ha sido decisiva.
El acuerdo concluye en diciembre de 2006 y Estados Unidos lo quiere sustituir por un Tratado de Libre Comercio (TLC) con el área andina. Perú ya lo firmó y las conversaciones con Colombia y Ecuador van a buen ritmo. Bolivia, en cambio, se quedó al margen. Ahora, con las elecciones, todo está en el aire. Los dos principales candidatos encarnan las dos visiones antagónicas que dividen no ya El Alto, sino toda Bolivia: la apuesta por el libre mercado o el retorno a la economía estatalizada. Evo Morales, indígena aymara, dirigente del sindicato cocalero y favorito en las encuestas, sostiene un discurso radicalmente antiliberal. Pisándole los talones, Jorge Quiroga, empresario de centroderecha, fue el artífice de la firma del acuerdo con Estados Unidos en 2002.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.