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El juicio político que la Legislatura porteña decidió abrirle hace un mes a Aníbal Ibarra recién empezará a sustanciarse hoy, a partir del momento en que el jefe de Gobierno y los legisladores que actuarán como fiscales propongan las pruebas y los testimonios con los que tratarán de fundamentar sus respectivas posiciones durante el proceso. Decidido a dar por ahora pelea en el terreno de la política, Ibarra tiene preparada una serie de medidas probatorias y testimoniales para refutar cada una de las imputaciones en su contra y anoche todavía trabajaba al respecto con sus colaboradores, con los que analizaba también las nulidades y las recusaciones que llegado el caso planteará. “Vamos a trabajar hasta la madrugada para ultimar todos los detalles”, contó al cierre de esta edición a Página/12 el ex fiscal Julio César Strassera, quien encabeza su equipo de asesores jurídicos.
Tanto Ibarra como los legisladores que lo acusarán de mal desempeño de sus funciones por el incendio de República Cromañón comunicarán al presidente del Tribunal Superior de Justicia porteño, Julio Maier, las pruebas y testimonios que tienen preparadas para la etapa de debate del juicio. Ese magistrado es quien tiene a su cargo la conducción del proceso y el plazo dado a las partes involucradas para ofrecer las medidas probatorias y testimoniales del caso vence hoy.
Ibarra y los legisladores que actuarán como fiscales –Jorge Enríquez, Jorge San Martino y Rubén Devoto– pueden solicitar la citación de testigos, como también recusar a algunos de los jueces y plantear nulidades en el proceso. En caso de que no tenga objeciones a los pedidos, deberá fijar la fecha del comienzo de las audiencias orales y públicas del juicio al jefe de Gobierno. Si, en cambio, considera improcedente alguna de las solicitudes, deberá reunir a la Sala Juzgadora para que los quince legisladores que la integran tomen una decisión final al respecto.
Por lo general, llegada la instancia del juicio se acostumbra a aceptar las medidas propuestas por las partes y en particular las del acusado, como un modo de garantizarle la amplitud de su defensa. Podría surgir algún inconveniente si se entiende que Ibarra pide la citación de una excesiva cantidad de testigos que no hacen al fondo del caso, pero mucho más aún si decide recusar a alguno de sus juzgadores.
Hasta anoche, Ibarra no tenía nada definido al respecto, pero sus asesores legales aseguraban que de todos modos cualquier planteo en ese sentido sería posible más adelante porque aún no se los había notificado siquiera de la nueva integración de la Sala Juzgadora. El último sábado se produjo el recambio legislativo resultante de las elecciones de octubre pasado y los nueve lugares que dejaron vacantes los legisladores salientes fueron cubiertos por los recién llegados.
En la mira de Ibarra está Gerardo Romagnoli, un legislador de Autodeterminación y Libertad que acaba de entrar a la Sala Juzgadora. Romagnoli lo comparó con el ex comisario Alfredo Fanchiotti, acusado del asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Puente Pueyrredón, lo cual puede interpretarse como un prejuzgamiento de su parte. “Tal vez lo recusamos”, contó un allegado al jefe de Gobierno.
En la Fundación de Políticas Públicas en la que armó su base desde que fue suspendido, Ibarra estuvo tomando las últimas decisiones relativas a las pruebas y testimonios que ofrecerá para su defensa junto a varios de los colaboradores con los que a diario se junta para definir sus sucesivos pasos. Por allí pasaron, entre otros, su jefe de Gabinete, Raúl Fernández; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre; además de sus asesores jurídicos, entre quienes sobresalen Strassera y Julio Golotni.
“Aunque no sabe bien de qué se lo acusa, porque los legisladores no precisaron cuál de los dos dictámenes acusatorios aprobaron, Ibarra va a presentar pruebas y testimonios para desarticular los argumentos de la acusación en cada uno de los cargos”, adelantaron en su entorno. Los legisladores que harán de fiscales pedirán la citación de testigos y el eje de su prueba será el informe de la comisión investigadora de Cromañón. “Vamos a tratar de que todos los elementos que hay en la acusación queden plasmados durante el proceso”, anticiparon.