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Luis Abelardo Patti ya exhibió la carta con la que recurriría a la Justicia para recuperar su banca de diputado: un certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencias que se afirma que el ex comisario “no registra antecedentes penales”. Pero el dirigente del Paufe todavía tiene pendientes al menos tres causas judiciales en la que se investiga violaciones a los derechos humanos. Patti fue procesado por encubrimiento al ayudar económicamente al teniente coronel (R) Jorge Granada a evadir la Justicia mientras estaba prófugo en la causa por la participación de los militares del Batallón 601 en el asesinato de varios militantes políticos en 1980. Tampoco están cerradas las causas que lo involucran directamente del secuestro, desaparición y asesinato de Gastón Gonçalvez, en Zárate, el día que se instaura la última dictadura; ni en el fusilamiento de los dirigentes Montoneros Osvaldo Cambiaso y Agustín Pereyra Rossi en la localidad bonaerense de Lima, cuando los militares ya estaban en retirada.
“Lo que se hizo no tiene antecedentes; así hubiera estado procesado (los diputados) tenían la obligación de tomarme juramento y no lo hicieron; me parece que es un antecedente demasiado peligroso para la institucionalidad y la democracia”, insistió ayer Patti en una nueva aparición mediática. El ex comisario volvió a arremeter contra los legisladores que le negaron asumir su banca por “inhabilitación moral”, aunque esta vez prefirió no omitir su condición de procesado en causas por crímenes de lesa humanidad. Patti fue procesado en diciembre de 2003 por el juez Claudio Bonadío y ratificado por la Cámara Federal. La Justicia buscaba en junio de ese año al prófugo Granada, en la causa por el asesinato de militantes montoneros a manos de militares del Batallón 601 durante la dictadura. El escurridizo teniente coronel se comunicó telefónicamente con el entonces candidato a gobernador bonaerense para pedirle colaboración. Patti no se negó y ayudó económicamente al militar para escapar de la Justicia.
A pesar que en su declaración indagatoria ante Bonadio, Patti insistió en desconocer la situación legal de su amigo militar, las escuchas telefónicas fueron contundentes para dictar su procesamiento. Pero igualmente Patti no fue encarcelado, ya que la figura legal que se le aplicaría de ser condenado puede pasar el proceso en libertad.
Pero hay otras dos causas que preocupan más al ex policía. En una de ellas se lo acusa directamente del secuestro y asesinato del militante Montonero Gastón Roberto José Gonçalvez el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo del ’76. Aquí, varios testimonios dan cuenta de las características “represivas” de Patti en la zona de Escobar, aun antes de la dictadura. Su participación como oficial de calle lo llevó a enfrentar distintas protestas callejeras. En una de ellas, en julio el ’74 en la localidad de Garín, Patti se enfrentó con Gonçalvez, a quien “amenazó de muerte”. Tres meses después, Gonçalvez, su esposa y una tercera persona fueron secuestrados ilegalmente por policías federales. La campaña periodística logró que fueran liberados.
A Gonçalvez lo escucharon por última vez el día del golpe, arriba de un celular policial estacionado detrás de la comisaría de Escobar. Su cuerpo apareció al día siguiente cerca del río Luján, con signos de tortura y quemado, junto a otros tres cuerpos más, que fueron enterrados como NN en el cementerio de Escobar. Una denuncia de una empleada municipal, cuando Patti ejercía la jefatura comunal, permitió identificar el cuerpo de Gonçalvez en 1996. Sin embargo, la causa aún espera desde marzo de este año una determinación judicial por problemas de competencia. La causa se reabriría en el juzgado federal de Campana a cargo del juez Federico Saggiorato Márquez.
La otra atraviesa una situación jurídicamente más complicada. Los acusados por los asesinatos de los dirigentes montoneros Cambiaso y Pereyra Rossi fueron sobreseídos provisoriamente por el juez de instrucción el 18 de octubre del ’83, antes que asumiera el gobierno democrático: entre ellos estaba Luis Abelardo Patti, uno de los tres policías que reconoció participar del “enfrentamiento”, aunque después la autopsia determinó que ambos fueron torturados y virtualmente ejecutados. Tres años después, en diciembre del ’86, otro juez penal convirtió el sobreseimiento en definitivo, sin promover ni una sola medida de investigación, el mismo día que el Congreso aprobaba la llamada Ley de Punto Final. El cierre de la causa fue apelada por el fiscal Murray. Entre las medidas que plantea, pide la declaración de la actual ministra de Defensa, Nilda Garré, quien integró la comisión investigadora del caso.
Ahora el juez federal Carlos Villafuerte Russo ordenó algunas actuaciones para definir si puede reabrir la causa. Esto es lo que realmente preocupa a Patti, que pretende llegar con fueros parlamentarios antes que el caso prosiga.