El gobierno peruano oficializó ayer ante las autoridades chilenas el pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, por diez cargos de corrupción y dos de violaciones a los derechos humanos. Fujimori está detenido en Chile desde el 6 de noviembre, cuando viajó sorpresivamente a ese país desde Tokio, donde se había refugiado luego de su huida de Perú en noviembre del año 2000. Los 12 cuadernillos de extradición, que suman más de 10.000 folios, fueron entregados en la mañana de ayer por el embajador peruano en Santiago, José Antonio Meyer, al canciller chileno, Ignacio Walker, quien precisó que el tema está en manos del Poder Judicial y no del gobierno, y que sea cual fuere el resultado de este proceso, el caso Fujimori “no debe afectar las relaciones entre Perú y Chile”.

El pedido de extradición llegó a Santiago acompañado por una nota firmada por el canciller peruano, Oscar Maúrtua, en la que se solicita la colaboración judicial de las autoridades chilenas y se explican las razones por las cuales Fujimori debe quedar detenido mientras se resuelve la extradición. Para las autoridades peruanas estas razones son “la cantidad y la gravedad de los delitos que se le imputan” y la existencia de “un riesgo de fuga”. El juez de la Corte Suprema de Chile Orlando Alvarez deberá resolver el pedido de extradición, para lo que no hay un plazo determinado, pero se estima que podría demorar unos seis meses. Alvarez también será quien decida, en los próximos días, si acepta el pedido de libertad en favor de Fujimori o éste sigue recluido, como exigen las autoridades peruanas. De los doce casos por los cuales se pide la entrega de Fujimori para ser juzgado, se estima que los más importantes son los dos que implican los cargos de secuestro y asesinato, por los cuales podría recibir una condena de 35 años. Se trata del asesinato de 15 personas, incluido un niño, en una vivienda del centro de Lima en noviembre de 1991, y del secuestro y posterior ejecución de nueve alumnos y un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992. Ambos crímenes fueron cometidos por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte que operó bajo el régimen de Fujimori desde las instalaciones de los servicios de inteligencia y bajo la protección de las principales autoridades.