Pocas dudas caben de que Michelle Bachelet se convertirá en la primera mujer presidente de Chile. Los dos candidatos habían puesto grandes expectativas en el debate televisivo del miércoles a la noche, que terminó con gusto a empate –aunque una encuestadora le otorgó una leve ventaja al oficialismo–, lo que afianza aún más la tendencia a favor de la ex ministra de Defensa de Ricardo Lagos. Más todavía, la suerte del empresario devenido en presidenciable, Sebastián Piñera, no parece mejorar, ya que a poco más de una semana del ballottage una nueva controversia está en puerta: Piñera habría comprometido una especie de “punto final” para los militares retirados acusados por crímenes durante la dictadura a cambio de los votos de este sector. Asociaciones de derechos humanos, legisladores y el propio gobierno piden explicaciones.

Poco antes de que comenzara el debate, una carta fue publicada en la página web del Movimiento Unitario Nacional (Muna), una agrupación de ex militares dirigida por los senadores designados Jorge Martínez Busch, ex jefe de la Marina, y Fernando Cordero, ex general director de Carabineros. Allí se daba cuenta de un acuerdo suscripto por la organización y el candidato de Renovación Nacional (RN), en el que él se comprometía a acotar los tiempos de los procesos judiciales que se les siguen a los oficiales retirados. “La idea es que se cierren a la brevedad y se termine con el desfile ante los tribunales”, afirma la carta firmada por el senador de RN Alberto Espina, en representación del comando del candidato. En el debate, el tema sólo se tocó muy superficialmente; Piñera esquivó la pregunta y, lo que muchos consideraron un error, Bachelet no quiso retomar la cuestión.

Aunque tardías, las reacciones llegaron y podrían causarle un gran dolor de cabeza a la oposición, que debe jugarse todas las cartas que le queden en esta última semana de campaña. El gobierno no se sumó al silencio de su candidata. El ministro del Interior, Francisco Vidal, instó al empresario/político a que diera explicaciones públicas. “Para que nadie se equivoque. ¿Qué significa eso de terminar el desfile de los violadores de los derechos humanos en los tribunales? ¿Ese es punto final, es ley de amnistía, borrón y cuenta nueva?”, presionó el ministro. Desde el Congreso, los socialistas Jaime Gazmuri y Juan Bustos cuestionaron el supuesto acuerdo del candidato de RN: “Es grave que un candidato a la presidencia asuma compromisos en materia de derechos humanos con los sectores que han negado de manera sistemática toda responsabilidad del régimen de Pinochet (1973-1990) en las gravísimas violaciones a esos derechos cometidas entonces”, destacó Gazmuri.

A pesar de que el único debate de esta segunda etapa no inclinó la balanza para ninguno de los dos lados, no estuvo libre de intentos, y hasta de algunas sorpresas. Lo que descolocó más a la audiencia quizá fue que Piñera nombrara al gobierno de Augusto Pinochet como uno de los peores de la historia chilena, ya que “interrumpió la democracia y las libertades en nuestro país”. Sin embargo, y como “queriendo equilibrar”, también incluyó la presidencia del socialista Salvador Allende, al que acusó de destruir “la democracia, la economía, la convivencia”. Para rematar, y en un claro guiño para los votantes católicos que tanto ha venido buscando, consideró que los mejores gobiernos fueron los de Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, los dos de la Democracia Cristiana.

Bachelet dio menos sorpresas. Comenzó tensa y dubitativa, dándole espacio al carismático Piñera para monopolizar ciertas respuestas, pero luego logró retomar el control y pudo exponer sus ideas principales. Más que nunca se mostró como la heredera de la política de Lagos, al que consideró el “mejor estadista” que ha conocido Chile en toda su historia. Ante los constantes cuestionamientos de su rival sobre su carácter y su capacidad de liderazgo, se demostró firme. Hay dos tipos, dijo, el liderazgo más tradicional, al estilo de “papá decide y ordena”, y otros más femeninos, que son “articulantes y convocantes”.