El tema se cruzó, entre copas, en el último plenario de la Corte Suprema, la semana pasada. Uno de los jueces, asombrado por la iniciativa oficial de reducir el Consejo de la Magistratura, vaticinó los rebotes de la polémica dentro del alto tribunal: “Si el Gobierno quisiera cubrir las dos vacantes sin multiplicar la irritación social, va a tener que encontrar candidatos perfectos, irrefutables. Va a ser complicado”. Otros supremos asintieron. A esa altura ya exhibían cierto malestar por la falta de nombramientos. Para firmar sentencias necesitan una mayoría de cinco votos, propia de una Corte de nueve miembros, y no les resulta fácil siendo siete. En la Casa Rosada afirmaban ayer la intención de congelar las designaciones “por el momento”. Entre Sus Señorías hay preocupación por las causas trabadas, entre ellas, las de la pesificación.

La jubilación de Augusto Belluscio y la destitución de Antonio Boggiano ocurridas en septiembre último, dejaron dos lugares libres en la Corte Suprema. El Gobierno nunca tuvo muy en claro quiénes podrían reemplazarlos. Frente al fuerte debate por la reforma del Consejo de la Magistratura, donde la oposición y varias organizaciones acusan al oficialismo de querer expandir su poder para controlar la Justicia, la decisión presidencial fue dejar en suspenso los nombramientos supremos. Para ambas vacantes ya se venció hace rato el plazo de treinta días para proponer candidatos que fijó el decreto 222 de autolimitación del Poder Ejecutivo en la designación de jueces. En el círculo presidencial no creen que esta situación tenga implicancias legales.

Aunque la Corte ahora funciona con siete miembros, mantiene la estructura de nueve y para firmar fallos requiere la mayoría propia de esa composición: cinco votos. Sólo una ley que achique la composición o una reforma de la Constitución adecuaría la mayoría necesaria. Pero no está en los planes del Gobierno en el corto plazo hacer una reforma de ese tipo. Hasta ahora esa idea, en el ámbito parlamentario, corrió por cuenta de la oposición. Kirchner dejaría pasar unos meses antes de cualquier iniciativa. En el Palacio de Justicia, hay quienes leen que el Ejecutivo está dando, sin explicitarlo, el paso previo a una reducción del cuerpo. Otros dudan.

En la Corte hay disgusto y va a tener que trabajar duro para conseguir consenso en sus discusiones. “Nos dejan en una situación precaria, nos dificultan la resolución de causas donde no pasamos de juntar cuatro votos en un mismo sentido”, se quejó ante Página/12 uno de los ministros. “Hay expedientes trascendentes, como la pesificación, pero también hay otros más chicos que se acumulan”, agregó otro de los jueces.

Entre los actuales miembros del tribunal, la mayoría preferiría una Corte más chica, pero esperan que el cambio se concrete por medio de una reforma legislativa. Tenían expectativa de que hubiera alguna definición cuando Kirchner se recluyó en noviembre en El Calafate con su círculo íntimo para definir los cambios en el gabinete. Se quedaron esperando.

A Enrique Petracchi y Carlos Fayt les gustaría volver a la Corte de cinco. Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay preferirían siete jueces. Juan Carlos Maqueda podría aceptar siete, aunque el esquema de nueve le satisface. Si fuera por Raúl Zaffaroni, primero cambiaría el modo de elegir a los jueces (y que no defina la palabra del Presidente) y pondría plazo a los cargos. Pero mientras no haya reforma constitucional prefiere no alterar la composición de nueve. Elena Highton no habla del asunto.

Así las cosas, dicen en la Corte, los expedientes sobre la pesificación de los ahorros están destinados al estancamiento. El único fallo que ya convalidó la pesificación dejó en veremos los depósitos inferiores a 70 mil pesos, por una distinción planteada por Zaffaroni, en defensa de los pequeños ahorristas. Aunque él ahora acercara posiciones, la mayoría seguiría sin producirse. Sólo cuatro comparten el criterio central. Fayt y Argibay se inclinan por la inconstitucionalidad y Enrique Petracchi se excusa. También está pendiente una resolución sobre las deudas hipotecarias entre privados, donde el mapa de posiciones que se plantea es similar. “Se hace difícil negociar entre nosotros”, insistió uno de los jueces.