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La Unión Europea (UE) culminó ayer los dos días de la cumbre de Sevilla con el acuerdo de fortalecer la lucha contra la inmigración ilegal, la decisión de revisar la actual lista de visados para ingresar a Europa y una gestión común de los flujos inmigratorios que incluye dar un marco penal para la represión de entrada, circulación y estadía a los indocumentados; armado de políticas de expulsiones y repatriación, y mayor vigilancia en las fronteras. Sin embargo, la iniciativa que llevó la presidencia española de turno con la adhesión de Gran Bretaña de sancionar a terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal no logró llegar a las conclusiones, sino que se moderó en “medidas” con respecto a esos países. Otro tema fue el de la seguridad y el combate al terrorismo, subrayado ayer por el estallido de dos nuevos coches bomba de la ETA que se sumaron a los tres del día anterior. Anoche, miles de militantes antiglobalización marcharon por la noche de la capital andaluza bajo el lema “ninguna persona es ilegal”.
Tras el cierre, el jefe de gobierno español y titular de la presidencia de la UE durante el último semestre, José María Aznar, anunció la aprobación de un paquete global “imprescindible” para “luchar contra la inmigración ilegal y las mafias que trafican con seres humanos”. En el documento de los Quince se dispuso poner en marcha progresivamente “una gestión coordinada e integrada de las fronteras exteriores” con la creación, antes de junio de 2003, de “una red de funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros”. Por lo que refiere a las políticas de expulsión y repatriación, se acordó “aprobar para fin de año un programa de repatriaciones”. Además, se acordó que para el próximo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (julio) se aprobará formalmente el reforzamiento del marco legal para la represión a la asistencia de entrada, circulante y asilo de irregulares. Sin embargo, faltó en las conclusiones el borrador propuesto por Aznar y respaldado por Gran Bretaña de implementar sanciones a los países de origen de los inmigrantes clandestinos. La oposición de Francia y Suecia a estas sanciones flexibilizó en parte las propuestas de Aznar y Tony Blair y se resolvió aplicar “medidas” a las naciones que no eviten el gran afluente ilegal hacia Europa. El canciller español Josep Piqué aseguró que más importante es la “cooperación” que la “sanción”, al tiempo que los británicos aseguraban no haber deseado jamás “castigar a los pobres” con una política de sanciones financieras contra países en desarrollo considerados poco cooperadores.
Aznar fue particularmente evasivo cuando se le preguntó sobre América latina. Sin hablar de castigos, el premier español remarcó la importancia de aplicar “una política común” para luchar con éxito contra “las organizaciones mafiosas” que se enriquecen con el tráfico de personas. A su turno, el jefe de gobierno alemán Gerhard Schroeder lamentó que los Quince hayan renunciado a imponer sanciones concretas contra los países de origen de los inmigrantes ilegales. No así el presidente francés Jacques Chirac, quien se congratuló por las definiciones. No obstante, la medida de revisar antes de fin de año la lista de terceros Estados que están sometidos a la exigencia de visado o exentos de ellas podría significar en la práctica que países latinoamericanos y de otras regiones pierdan su beneficio del no visado para ingresar a Europa. Hasta ahora la lista de visados de países latinoamericanos para ingresar a Europa incluye a Colombia, Cuba, Haiti, Perú y República Dominicana; los 15 países restantes latinoamericanos podrían verse perjudicados, incluyendo a Argentina.
Fuera del recinto, la atmósfera estuvo movida. La organización separatista ETA hizo estallar dos coches bomba que se sumaron a los tres del día anterior. Uno estalló entre dos vehículos en el estacionamiento de un hotel en la localidad de Mijas (Costa del Sol), que sólo provocó daños amteriales. El otro explotó en Santander, sin daños, tras dos llamadas de la ETA que pusieron en aviso a la policía, que pudo evacuar la zona. Por la noche marcharon en Sevilla miles de militantes “globalifóbicos”, entre independientes, del partido comunista, sindicalistas, con la consigna de reclamar por los inmigrantes en particular y de modo general con los países pobres. “Nosotros queremos cambiar la relación de Europa con el Tercer Mundo, que pase de consumidor a productor” señaló a Página/12 Joaquín Urías, vocero del organizador Foro Social de Sevilla. Además, se refirió a los ataques de la ETA: “Condenamos cualquier violencia, sea política, como de las bombas”.
Fue una marcha tranquila, con alta presencia policial y las usuales diferencias sobre los concurrentes: 50.000 según la policía, 20.000 según el gobierno y 300.000 según los organizadores.