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“Sobreseimiento definitivo.” El secretario de la Corte Suprema chilena, Carlos Meneses, dijo la palabra “definitivo” y borró de un plumazo un proceso que empezó el 16 de octubre de 1998 lejos de tierras chilenas: el juicio a Pinochet. Para garantizarle la impunidad en las cortes internacionales, para inmunizarlo del juez español Baltasar Garzón, el gobierno chileno tuvo que prometer que enjuiciaría al ex dictador en Santiago. Y el 3 de marzo del 2000, cuando el supuestamente moribundo Pinochet se levantó de su silla de ruedas movido por el contacto con su tierra natal, otro gobierno, el de Ricardo Lagos, tuvo que demostrar que se podía cumplir la promesa, basado en la investigación del juez Juan Guzmán. Hace casi un año, la Corte de Apelaciones había dicho que quizás no se podía cumplir, al fallar en favor de la “demencia temporal” de Pinochet. Ayer, la Corte Suprema agregó que lo temporal pasaba a ser definitivo, consagrando el poder inmenso de la locura. “Ya no hay nada más que hacer”, declaró la abogada querellante Carmen Hertz.
“La Corte Suprema, procediendo de oficio, decidió que no se continúe el proceso contra el general Pinochet y, consecuentemente, dicta sobreseimiento definitivo a su favor”, declaró Meneses. “Los problemas mentales de Pinochet Ugarte, a juicio de los magistrados, lo inhabilitan para que se sustancie un proceso en su contra”, agregó. El secretario de la Corte Suprema chilena señaló que, de todos modos, la sentencia sólo se refiere al caso “Caravana de la Muerte” y no a otros en que el ex dictador pueda aparecer involucrado, pero es evidente que el fallo terminará siendo un antecedente definitorio en todo proceso por venir (ver nota aparte); por ejemplo, el que todavía tiene pendiente de resolución la propia Corte Suprema sobre el pedido de desafuero de Pinochet como senador vitalicio formulado por la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría. A favor del sobreseimiento definitivo votaron los jueces Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Milton Juica y Nibaldo Segura, y en contra lo hizo el magistrado José Luis Pérez, quien optaba por mantener el carácter de “temporal” de la demencia de Pinochet.
Casi desde el mismo momento en que Pinochet aterrizó en Chile procedente de Gran Bretaña, sus abogados jugaron a dos puntas sabiendo que tendrían que decidirse por una. La primera era negar la responsabilidad directa de Pinochet en la “Caravana de la Muerte”, ya que la investigación que a esa altura estaba avanzada impedía la negación simple y llana de los crímenes cometidos en aquel octubre de 1973. La segunda era la salud del ex dictador, para lo cual confiaban en que las “razones humanitarias” alegadas por el gobierno británico ayudarían. Pero no fue así, por lo que se concentraron en una faceta de la salud de Pinochet, convenientemente maquillada para que encuadre en la única posibilidad que el Código Penal chileno abría para eximir a una persona de un proceso: la demencia.
En el camino del proceso hubo de todo: fallos contradictorios, donde la Corte de Apelaciones contradecía a la Corte Suprema, que a su vez se contradecía a sí misma, viajes periódicos de Pinochet al Hospital Militar justo antes de que algún tribunal dictara sobre la causa, presiones políticas para que siga o no el caso, y un “¡Juicio a Pinochet!” clamado en la Plaza de la Moneda por el gentío que recibió el agónico triunfo electoral de Ricardo Lagos en enero del 2000. Los abogados querellantes creían haber encontrado el resquicio, pues el Código Penal por el que la Corte de Apelaciones sobreseyó a Pinochet hace once meses todavía no estaba vigente en Santiago. Ayer, la Corte Suprema cerró el resquicio.