EL PAíS › EL INFORME ANUAL DEL CELS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Policías formados para tirar
Por Victoria Ginzberg
En agosto pasado, un cabo de la policía federal fue interceptado por tres hombres armados con intención de robarle. El oficial se identificó e impartió la voz de alto. Fue agredido a balazos y respondió. En el tiroteo murió uno de los sospechosos. Esa fue la información que dio la policía. La familia de Néstor Fabián Estepa denunció que el hombre se dirigía a su trabajo cuando su auto se detuvo por una aparente falla mecánica que lo obligó a descender. En la calle recibió un tiro. Asustado, comenzó a correr. El policía disparó ocho veces más. Según el único testigo, la policía bonaerense puso el arma en el auto y una tenaza debajo del cuerpo. Sólo en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, durante el año 2001, las fuerzas policiales mataron a 261 civiles e hirieron a 426. Los datos provienen del informe anual del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) que presentó ayer su presidente Horacio Verbitsky. El trabajo, que fue presentado ayer, describe las prácticas usuales de los uniformados y ayuda a comprender que la conducta que tuvieron el miércoles no fue una excepción ni un caso aislado.
Los datos del CELS implican un aumento del 18,5 y 20,4 respecto a los muertos y heridos civiles del año anterior. También hubo un incremento en las víctimas pertenecientes a la policía, que sumaron 78 en la ciudad y Gran Buenos Aires. “La violencia estatal no es sólo un efecto de la crisis, sino que en muchos casos es la opción que instituciones del Estado y sectores vinculados a ella –ambos con una fuerte tradición de violencia– eligen para responder a la crisis”, dice el organismo de derechos humanos.
El estudio del CELS describe que miembros de las fuerzas de seguridad intervinieron el año pasado en ejecuciones, abusos de poder, amenazas, amedrentamientos y represalias contra testigos, extorsiones, procedimientos fraguados, negligencia en el uso del arma, secuestros, violaciones y asesinatos, como en el caso de Natalia Melmann. La transgresión de las leyes no se presenta como un hecho aislado y ocurre tanto cuando la policía supuestamente intenta prevenir el delito como cuando reprime una manifestación.
“Desde que la protesta social adquirió formas novedosas a partir del año 1996, se han sucedido incontables reclamos en un contexto nacional cada vez más regresivo. La tónica general de la reacción estatal frente a las manifestaciones de protesta ha sido la represión y la persecución penal, marginada de cualquier solución estructural. Junto con ello, y salvo mínimas excepciones, la impunidad de los funcionarios y la indolencia judicial en las investigaciones completaron el cerco”, escribió Víctor Abramovich, secretario ejecutivo del organismo en el prólogo del informe -editado antes de los hechos del miércoles– que dedica un capítulo especial a la masacre del 19 y 20 de diciembre.
Aunque existen normas que establecen que los policías sólo deben usar las armas cuando está en riesgo su vida o la de otras personas, estos principios –dice el trabajo– “están en contradicción con rutinas y valores institucionales. Así, se ocultan hechos de abuso de la fuerza detrás de situaciones que son presentadas como la consecuencia de enfrentamientos armados ocurridos en el marco de una situación delictiva”. Esto es lo que pasó en el caso de Estepa presentado como ejemplo arriba.
El informe 2002 del CELS menciona también como hechos preocupantes la aparición –denunciada por Página/12– de los escuadrones de la muerte en la provincia de Buenos Aires, la falta de independencia e imparcialidad de las administración de justicia en el interior del país y la falta de asistencia y medicina para 4 millones de jubilados afiliados al PAMI.
Como la mejor noticia del año, el organismo de derechos humanos resaltó los fallos que declararon la invalidez constitucional de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “La memoria colectiva del terrorismo de Estado ha jugado un rol fundamental en la protección del orden constitucional durante la crisis de diciembre. En un sentido opuesto, lafalta de justicia frente a las atrocidades del pasado se encuentra en la raíz de esta democracia endeble.”