El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves a última hora una controvertida ley sobre el tratamiento a los sospechosos, detenidos y procesados por la “guerra contra el terrorismo”, pasando por alto las objeciones de los críticos que sostienen que estas medidas dañan seriamente los derechos de los reclusos. La votación fue de 65 a favor y 34 en contra. La acción del Senado, un día después de su aprobación por parte de la Cámara de Representantes, tuvo lugar luego de que el presidente George W. Bush acudiera personalmente al Capitolio el jueves a la mañana y llamara a los legisladores a una rápida adopción de esa legislación.

“No debemos olvidar que seguimos teniendo un enemigo que quiere hacerle daño a Estados Unidos”, dijo Bush, al insistir en que la ley norteamericana necesitaba ser adaptada a la “guerra contra el terrorismo” y a un enemigo no convencional. El senador republicano John McCain declaró que la ley era el fruto de un compromiso entre intereses contrapuestos, pero insistió en que es crucial mantener el compromiso de Estados Unidos con las Convenciones de Ginebra sobre el tratamiento de los combatientes extranjeros. “Estados Unidos debe defender las Convenciones de Ginebra, sin buscar vías para eludirlas que inviten a otros a hacer lo mismo”, dijo McCain minutos antes de la votación.

La ley establece el procedimiento para juzgar a “los combatientes enemigos” capturados y mayoritariamente detenidos en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba). Cinco años después de la apertura del centro de detención de Guantánamo, ninguno de los detenidos ha sido procesado. Paralelamente, el texto descarta cualquier posibilidad de apelación para los prisioneros contra las condiciones de detención y subraya que los agentes que interrogan a los sospechosos tienen a partir de ahora prohibidas ciertas formas de tortura o tratos “inhumanos o humillantes”. Esta ley es uno de los escasos triunfos de Bush en el Congreso, a seis semanas de las elecciones de mitad del período presidencial.

Los demócratas, que quieren recuperar el control del Congreso, afrontan una batalla cuesta arriba para demostrar que, contrariamente a lo que dicen sus rivales, ellos no son débiles en asuntos de seguridad nacional.

La aprobación de la ley ha sido muy criticada por las organizaciones en defensa de los derechos civiles. La principal de ellas en Estados Unidos, ACLU, afirmó que “concede al presidente nuevos poderes sin control para detener, abusar y juzgar a gente”.