El conflicto de Oaxaca se instaló ayer en Ciudad de México. Cerca de cuatro mil activistas y maestros de esta estado llegaron a la capital mexicana, después de caminar durante 18 días, para apoyar a sus dirigentes que se encontraban negociando con el gobierno federal. El día no fue elegido al azar. Ayer, los líderes de los movimientos sociales y el magisterio oaxaqueño les presentaron a los funcionarios de Vicente Fox su propuesta, reafirmando su rechazo al plan oficialista que dejaba abierta la puerta a una eventual intervención del ejército en Oaxaca.

“¡Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó!” y “¡Los maestros luchando, también están enseñando!” eran algunas de las consignas que coreaba el contingente que partió el 21 de septiembre de Oaxaca y que fue recibido con aplausos y gritos en el Zócalo de la capital ayer, por los seguidores del líder de la centroizquierda, Andrés Manuel López Obrador. En total, la Secretaría de Seguridad Pública de DF estimó que eran más de 8500 manifestantes los que copaban la tradicional plaza anoche. “(Ulises) Ruiz ha sido el gobernador más ratero y cínico que hemos tenido y no es justo que Oaxaca siga siendo el estado más pobre del país por gobernantes como él”, aseguró Alicia Hernández, una de las tantas docentes que hace meses están en paro.

Mientras miles gritaban, unos pocos intentaban convencer al secretario de la Gobernación, Carlos Abascal, de que aceptara su propuesta y pusiera fin, así, a uno de los conflictos sociales más largos de los últimos años. “La APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) acordó solicitar al gobierno federal que sustituya a los mandos policíacos locales por mandos federales; se aceptaría que un civil de nivel subsecretario se haga cargo de la policía en el estado, de las policías en general”, explicó Flavio Sosa, uno de los dirigentes de la APPO. Además, agregó que el objetivo es conformar un “consejo ciudadano de seguridad” que supervise los órganos de vigilancia policial del estado y que inicie un proceso de depuración de las fuerzas del orden. La APPO está centrando su demanda en este punto después de que varios de sus miembros fueran asesinados en enfrentamientos con policías y con desconocidos –a los que los oaxaqueños identificaron, sin embargo, como policías–.

Pero ésta no es la gran traba que imposibilita hace semanas la resolución del conflicto. La APPO continúa demandando la renuncia del gobernador priísta Ruiz, que se niega a dejar su cargo. El gobierno federal no ha querido ceder en este punto y lo ha derivado al Congreso. Sin embargo, allí tampoco se han conseguido consensos. Algunos perredistas le propusieron ayer al oficialismo unir fuerzas para destitutir al gobernador oaxaqueño. Por el momento, los senadores panistas no han contestado. No obstante, en este momento, todos están negociando en DF.