La relación siempre fue tensa pero la noche del sábado se rompió. Seis de los nueve prefectos bolivianos (gobernadores) rompieron con el gobierno de Evo Morales, luego de que el presidente indígena anunciara que enviará al Congreso una ley para que los gobiernos departamentales tengan control social. Los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, La Paz y Cochabamba aprovecharon el aniversario de creación del departamento (provincias) de Beni para tomar la resolución más dura adoptada hasta la fecha con el gobierno central. En el departamento amazónico confluyeron dos elementos incendiarios: la propuesta de control social de Evo y la aprobación del sistema de votación de la Asamblea Constituyente, que asegura al oficialista Movimiento Al Socialismo el dominio del cambio total de la Carta Magna.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, anunció que pese a la oposición se aprobará una ley de control social a los gobiernos departamentales. Esta se basa en un voto de censura de parte de las brigadas de congresistas departamentales hacia los prefectos.

El primero en rechazar la medida fue Manfred Reyes Villa. El prefecto de Cochabamba (centro del país) aseguró que dicha ley era un intento de golpe de Estado a los prefectos. Mientras tanto, el paceño José Luis Paredes aseguró que tuvo que ir de emergencia a Beni, porque la situación que se vive es grave. Considera que la Asamblea Constituyente perdió legalidad y que todo esto pone en riesgo la unidad del país.

En realidad, Paredes y Reyes Villa son los únicos que corren riesgo de perder sus cargos con el voto de censura. Los prefectos fueron elegidos por primera vez por voto directo en diciembre de 2005, en la misma elección que Evo Morales se llevó el 54 por ciento de los votos. Sin embargo, su partido (MAS), sólo consiguió alzarse con la victoria en tres de las nueve prefecturas (Chuquisaca, Oruro y Potosí), lo que le configuró una oposición regional muy fuerte. Sus derrotas más sorpresivas ocurrieron en Cochabamba y La Paz, departamentos donde el MAS arrasó en la elección de senadores y diputados pero resignó las prefecturas a Reyes Villa y Paredes.

De aprobarse esta ley, el partido de gobierno podría cambiar cuando quiera a las dos autoridades, ya que cuenta con más del 70 por ciento de los congresistas en estas regiones. En Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando la situación es distinta. Fueron los únicos departamentos en los que Morales no ganó en diciembre y tiene minoría. Además, en estas cuatro regiones ganó el Sí en el referéndum por la autonomía realizado el 2 de julio pasado y, según Paredes, el sábado pasado analizaron si se declaraban autónomos de facto, un pedido que llegó desde la oposición en la Asamblea Constituyente.

Durante los 10 meses que lleva Evo Morales en el Palacio Quemado, los choques entre los prefectos opositores y el gobierno central fueron constantes. La mayor confrontación la ha tenido con Santa Cruz y Tarija, los departamentos más ricos del país, que han trascendido sus competencias y han exigido más atribuciones de las que actualmente les asigna la ley.

La Constitución en vigencia en Bolivia faculta al presidente a designar a los prefectos, que son sus representantes en las regiones. En enero de 2005 y luego de multitudinarias concentraciones en Santa Cruz de la Sierra, el ex presidente Carlos Mesa emitió un decreto en el que llamaba a la elección de prefectos por voto directo y que comprometía al presidente a aceptar la voluntad popular.

Mientras el presidente Morales pide a las autoridades departamentales no tener miedo al control popular, los prefectos se rearticulan y convocaron a una nueva reunión para finales de noviembre en Cochabamba. Allí definirán acciones a tomar tanto en su relación con la presidencia como en la Asamblea Constituyente.