La ruptura de relaciones de seis prefectos (gobernadores) bolivianos con Evo Morales no logró su efecto. Ayer, el primer mandatario del vecino país entregó al presidente del Congreso el proyecto de ley de Fiscalización de Prefectos, que pone en manos de los parlamentarios la continuidad de las autoridades departamentales. Al momento de entregar el borrador en manos de su vicepresidente, Alvaro García Lineras, Morales aseguró que la normativa no tiene malas intenciones. “El gran deseo que tengo es que nuestros prefectos no sean acusados falsamente de corrupción o malversación porque, gracias a la lucha del pueblo boliviano, los ingresos económicos para el Estado se han incrementado”, aseguró.

Mientras tanto, el vocero del Palacio Quemado, Alex Contreras, aseguró a la estatal Agencia Boliviana de Información que se desestimaba cualquier ruptura de relaciones entre el gobierno nacional y las prefecturas, ya que ambas son parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, a Evo no le será fácil conseguir que se apruebe su proyecto de ley. Como lo explicó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Fabián Yaksic, el borrador oficialista se basa en una ley interpretativa del artículo 70 de la Constitución boliviana, que permite a senadores y diputados pedir informes orales, interpelar y hasta censurar a los ministros de estados. Como en la actual Carta Magna de Bolivia los prefectos tienen el mismo rango de un ministro, se pretende que también puedan ser fiscalizados por el Congreso nacional.

Para lograrlo, el oficialista Movimiento al Socialismo deberá convencer de que no tiene ases bajo la manga a la principal fuerza de oposición, la agrupación ciudadana Poder Democrático y Social, del ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga. Hasta el momento, salvo contadas excepciones, como la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, Quiroga nunca ha apoyado ningún proyecto oficialista. Consultado sobre este punto, el diputado podemista Antonio Franco explicó que aún no conocen a fondo el proyecto de ley y que sólo tomarán una decisión cuando lo hayan estudiado. Poder Democrático y Social tiene previsto para hoy una reunión nacional. De allí puede salir una posición oficial sobre este tema.

Uno de los principales motivos que tiene Morales para poder controlar a los prefectos son los recursos que manejan. En Bolivia, el 40 por ciento de la ejecución presupuestaria se realiza por la vía departamental (provincial). Con los crecientes negocios hidrocarburíferos bolivianos, esos recursos se han multiplicado en los últimos años. Esa tendencia se consolidó a partir del 2004, gracias a la nueva Ley de Hidrocarburos ganada por la población en un referéndum. Así, por ejemplo, las prefecturas se repartían poco más de 200 millones de dólares en el 2004 por concepto de regalías, mientras que el próximo año la cifra rondará los 500 millones.

Además, la distribución no es simétrica. Mientras que Santa Cruz, el departamento con mayor territorio y el segundo más poblado de Bolivia, administrará poco más de 120 millones de dólares, el más pequeño, Tarija, tendrá 250 millones para administrar su desarrollo. La diferencia está en que Santa Cruz sólo produce el 5 por ciento de los hidrocarburos, mientras que del subsuelo tarijeño surge más del 80 por ciento del gas.

Pero no es la única batalla que Morales tendrá que afrontar esta semana. Mientras deja al Parlamento que negocie su ley, Evo debe apagar las hogueras regionales encendidas por la decisión de su partido de escribir en solitario la nueva Constitución. Los comités cívicos y autoridades municipales de Tarija y Santa Cruz decidieron anoche un calendario de movilizaciones y huelgas que se inicia hoy, con una marcha en Santa Cruz de la Sierra que promete concentrar al menos veinte mil personas.

A ello se suma la huelga de hambre que llevan adelante los militantes del centrista Unidad Nacional. Hasta ayer sumaban 66 ayunadores en piquetes distribuidos en nueve departamentos. Sin embargo, la noche de ayer fue dado de baja el asambleísta Ricardo Pol, que soportó cinco días de ayuno voluntario.

Otro problema que atraviesa Morales es que los movimientos sociales afines a su gobierno están peleando su propia batalla en los caminos. Los indígenas del oriente boliviano se encuentran en la carretera rumbo a La Paz, exigiendo al Congreso que apruebe las modificaciones de la Ley de Instituto Nacional de Reforma Agraria. Con ello se quiere acabar con el latifundismo en Bolivia, para que todas las tierras fiscales puedan ser distribuidas sólo a indígenas y campesinos que no cuenten con la superficie necesaria para desarrollar sus actividades colectivas. Esta reforma cuenta con una fuerte oposición del empresariado de Santa Cruz, que acusa al gobierno de Morales de querer afectar el modelo productivo local, basado en gran medida en la agroindustria. Este será también uno de los principales temas que aglutinará gente en la marcha de Santa Cruz.