Mientras los grupos de vecinos que se movilizan en contra de la construcción de edificios en torre ratificaron su protesta para el jueves, con un “ruidazo” y cortes de calles en veinticuatro puntos de la ciudad, la Legislatura porteña se hizo cargo del reclamo y, si se convoca a sesiones extraordinarias, el conflicto podría resolverse antes de los 90 días fijados por el decreto de Jorge Telerman. Un proyecto que prospera en la Comisión de Planeamiento propone exigir a toda nueva construcción, sea de la altura que fuere, un certificado otorgado por las empresas de servicios públicos donde se garantice que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer la nueva demanda, según revelaron a Página/12 fuentes legislativas.

Una de las críticas más fuertes que recibió el decreto firmado hace una semana por Telerman, que suspende por 90 días la iniciación de trámite para nuevas obras en seis barrios porteños, era la imposibilidad de adoptar medidas de fondo en ese tiempo: cualquier modificación en el Código de Planeamiento urbano debe hacerse por ley y la Legislatura termina sus sesiones ordinarias en 15 de diciembre, para retomarlas el 1º de marzo del año próximo.

El Ejecutivo no presentó ningún proyecto para ser tratado en lo inmediato y en la Legislatura de las cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos bloques para atender el reclamo de los vecinos, sólo sigue en carrera el presentado por el diputado Alvaro González (macrista, de Juntos por Buenos Aires), que recibió el apoyo de los tres bloques mayoritarios en la Comisión de Planeamiento y podría tener despacho favorable este jueves.

La iniciativa propone modificar un solo punto del Código de Planeamiento Urbano, la norma que regula las edificaciones en toda la ciudad: para obras nuevas o de ampliación de construcciones existentes, en edificios destinados a vivienda multifamiliar, las empresas deberán presentar un “certificado de disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos” mediante el cual las prestatarias “certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio”.

La propuesta de González (presidente de la Comisión de Planeamiento) contempla a las construcciones futuras de toda la ciudad. En caso de ser aprobada en comisión, no llegaría a tratarse antes del 15 de diciembre, pero podría ser incluida en las sesiones extraordinarias, si son convocadas por el jefe de Gobierno.

En tanto, más de 60 organizaciones vecinales de la ciudad y el conurbano ratificaron su convocatoria al “ruidazo con bocinas y cacerolas” para el próximo jueves, de 20 a 20.10, en protesta por “la ofensiva irracional de la construcción”, dijo a Página/12 Mario Oybin, uno de los convocantes. Una hora antes, habrá cortes de calles en Rivadavia y Acoyte y en otras 23 esquinas de la ciudad.