Evo Morales se decidió a limpiar Bolivia de conflictos sociales. Luego de cambiar a la mitad de su gabinete, el presidente indígena decidió aceptar que los nuevos artículos de la Constitución se aprueben por dos tercios hasta el 2 de julio y los que no alcancen este umbral sean definidos por el pueblo a través de una consulta ciudadana. Este planteamiento le cayó como anillo al dedo a la oposición, que incluso ya habla de medidas de consenso para hacer legal esta propuesta. En Argentina, por ejemplo, los artículos de la Asamblea Constituyente de 1994 se votaron por mayoría simple. En realidad, el proyecto de sistema de votación por dos tercios no es nuevo y había sido puesto sobre la mesa por el centrista Unidad Nacional el 6 de septiembre.

Durante cuatro meses, el oficialista Movimiento Al Socialismo se opuso a ella, pero tras las escaladas de violencia vividas por Bolivia en diciembre y enero, a Morales no le quedó más que aceptar esta posibilidad e impulsarla. Con ello, cierra un foco de conflictos que causó cuatro cabildos en la media luna el pasado 15 de diciembre. Según explica Fabián Restivo, operador político de Morales en el Oriente, la idea es avanzar lo más que se pueda en 2007, aunque eso signifique dar un paso atrás. “Los cubanos usan una frase muy linda... dicen ‘pa’ atrás, ni para coger impulso’... es muy ilustrativa, pero la política depende quién la hace y cómo la hace. Infelizmente no podemos aplicar la frase en este momento. La Asamblea estaba trabada por la derecha y había que destrabarla. La oposición primero no quería Constituyente y ahora no quiere Constitución nueva. Y lo que no se decida en la Asamblea, lo decidirá el pueblo en su conjunto. Eso queríamos, eso tendremos”, dijo Restivo.

Y es que Morales no tenía otra solución pacífica entre manos. Así lo asegura Jorge Lazarte, doctor en Ciencias Políticas y constituyente. Considera que recibió serias presiones internacionales para que ponga en regla la Asamblea y pacifique el país. Otra medida que tiende a apagar todos los conflictos sociales es la propuesta hecha por el vicepresidente, Alvaro García Linera, sobre autonomías. Planteó respetar la decisión de las provincias de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando por convertirse en autónomos, refrendó esa condición para los 360 municipios del país e incluyó la autodeterminación de los pueblos originarios, a través de autonomías indígenas-regionales. Este sistema está prácticamente en funcionamiento en Bolivia, ya que los gobernadores son electos y no responden, necesariamente, a la línea gubernamental, los municipios son autónomos y los indígenas tienen tierras comunitarias de origen que administran según sus usos y costumbres. La propuesta fue bien recibida en Santa Cruz, aunque existe cautela y los cívicos quieren ver los detalles de la misma.

Con los dos flancos cubiertos, Morales logra aplacar casi todos los grandes conflictos en Bolivia. A eso se suma que se han desinflado los intentos de hacer renunciar a los gobernadores de Cochabamba y La Paz. Pero, como en todo, también hay cálculo político de por medio: el líder indígena dispondrá de unos 2000 millones de dólares para invertir en los siguientes 12 meses. Con ello espera tener una popularidad en alza para mediados de año y ganar de forma cómoda la consulta popular que dirimirá los disensos de la Constituyente. A partir de allí le quedarán dos nuevos procesos que afrontar: la ratificación de la Constitución mediante un nuevo referéndum (diciembre de 2007) y nuevas elecciones generales a mediados de 2008. Con ello, y si la nueva Carta Magna lo incorpora, Morales podría disponer de cinco años más para implementar su “revolución democrática y cultural” en Bolivia.

Pero para que todo esto entre en marcha, primero hay que resolver unos flecos dentro de la Asamblea. Por un lado, la oposición quiere que se reconozcan como válidos e inalterables los resultados del referéndum por las autonomías del 2 de julio de 2006, por otro, exigen que a la consulta popular que definirá los disensos de la Asamblea vayan dos artículos y no uno solo. Según el vocero oficialista en la Constituyente, René Navarro, si ésas son las exigencias, el acuerdo ya es un hecho.