Arrancó la semana de presión en favor de la Constituyente en Ecuador. Unas cinco mil personas marcharon hacia el Congreso y algunas lograron entrar por la fuerza al recinto para exigirles a los legisladores, que en su gran mayoría responden a la oposición, que aprueben la consulta sobre una Asamblea Constituyente convocada por el presidente Rafael Correa. Mientras se enfrentaban los manifestantes con la policía, se levantó la sesión y el edificio fue evacuado. Mientras los pro Asamblea advierten que seguirán con las movilizaciones, los diputados estudian la posibilidad de cambiar la sede del Parlamento de Quito a otra ciudad. Para el vicepresidente, Lenin Moreno, el diálogo entre el gobierno y el Congreso “se ha agotado”.

“A partir de hoy entramos en un proceso de movilización hasta que el Congreso respete la voluntad de cambio de los ecuatorianos y viabilice la consulta”, dijo César Rodríguez, directivo de Alianza País, movimiento por el cual Correa llegó a la presidencia. Los manifestantes se concentraron alrededor del Parlamento, produciéndose escaramuzas cuando simpatizantes del ex presidente Lucio Gutiérrez –en la oposición– intentaron sumarse a la marcha y fueron repelidos por los seguidores del gobierno. Estos estaban representados por organizaciones civiles, grupos políticos de izquierda, sindicatos y estudiantes, entre otros. Rodríguez anticipó que habrá otras movilizaciones en el transcurso de la semana.

“He ordenado levantar la sesión para preservar la integridad física de los diputados”, dijo el presidente del Congreso, el derechista Jorge Cevallos. Los legisladores salieron por la parte trasera del Congreso.

La policía retomó el control del edificio tras disuadir a los manifestantes con gases lacrimógenos.

Diputados de la oposición acusaron ayer a Correa de alentar los desórdenes y dijeron que pretende copiar el modelo “autoritario” de su amigo, el presidente venezolano, Hugo Chávez. “Fue una violación terrible, estamos viviendo una dictadura. Correa quiere imitar al pie de la letra a Chávez, replicar su esquema autoritario”, dijo Luis Tapia, jefe de la bancada del Partido Sociedad Patriótica (PSP), segunda fuerza política, liderada por el destituido ex gobernante Lucio Gutiérrez. “Trabajamos con celeridad, pero se requiere el respaldo del gobierno al estado social de derecho. Estamos viviendo en la anarquía y el autoritarismo total”, indicó el legislador democristiano Carlos Larreátegui.

Por el contrario, el congresista del partido indígena Pachakutik, Ramsés Torres, calificó la estampida de sus colegas como un “acto de cobardía”.

“Los ciudadanos tienen derecho a entrar al Palacio Legislativo, pudieron haberlos recibido, por qué correr, no entiendo esa actitud”, señaló.

Los congresistas evalúan mudar el Legislativo. La parlamentaria Martha Bucaram, de la Red Etica y Democrática (RED), indicó ayer que el traslado del Congreso es posible porque la ley permite cambiar la sede del Parlamento a otra ciudad. Según Bucaram, la suspensión de la sesión se dio en momentos en que el pleno de la Cámara debatía el proyecto de consulta popular del Ejecutivo, con el que prevé instaurar una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Los partidos de derecha, opuestos a la iniciativa, intentaban que el pleno pidiera rectificaciones al gobierno sobre el estatuto de la Asamblea, mientras que los grupos de izquierda, afines a la Constituyente, querían la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo.

En los incidentes de ayer en la sede del Parlamento, un edificio cedido por el Banco Central al Congreso hasta que se reconstruya el Palacio Legislativo, resultaron heridos la fotógrafa Cecilia Puebla, de la Agencia EFE, y varios policías.

El Tribunal Supremo Electoral el martes pasado dejó en manos del Congreso –dominado por los partidos opositores– la decisión sobre el plebiscito. Según trascendió, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso contiene observaciones de fondo y de forma sobre el decreto con la recomendación de que deberían ser reformuladas, por lo que se preveía que el decreto iba a ser devuelto al Tribunal Supremo Electoral, organismo que debe resolver el pedido gubernamental en última instancia.

Los manifestantes anunciaron que las protestas continuarán hasta que el Congreso deje de oponerse a la consulta popular impulsada por el gobierno. Correa, que el domingo anunció que ésta será una semana de “presión” en favor de la Constituyente, condenó los actos violentos sucedidos en el Parlamento y pidió a la población que ejerza su “derecho a la protesta de manera totalmente pacífica”. Pero el gobierno responsabilizó del clima de inestabilidad en el país a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y a los diputados del Congreso, “por su actuación en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos”, que exigen la instauración de la Asamblea Constituyente.