Miércoles, 31 de enero de 2007 | Hoy
EL PAíS › OPINION
Por Mario Wainfeld
Parafraseando sin saberlo a un personaje de tango (el guerrero muerto lleno de honor que ni murió ni fue guerrero), el Hospital Francés (desde hace un buen rato) ni es hospital ni es francés. Ese fue su nombre de bautizo, pero con el correr del tiempo devino prepaga, administrada de modo especialmente trucho, virtualmente vaciada. No es hospital, pues.
Tampoco es galo, hoy día. La Asociación Filantrópica Francesa (que, como las representantes de tantas otras colectividades, había construido su hospital comunitario) ahuecó el ala. Una anécdota referida por conspicuos ocupantes de la Casa Rosada da cuenta de esa mutación. Ya iniciada la etapa del salvataje estatal, Alberto Fernández fantaseó que quizá podría conseguir una petite ayudita des amis, esto es del gobierno francés. El entonces embajador Francis Lott, que hablaba un español trabado pero fluido, le dijo que en la conducción del mentado hospital no quedaba un francés para remedio, que entre los pacientes había pocos (y eran clientes de la prepaga). Agregó que los administradores privados eran “ladrones”. Un perjuicio extendido acusa a los franceses de ser muy reacios a abrir sus faltriqueras, pero nadie duda de que en esta ocasión sus argumentos eran muy sólidos.
La presencia de Carrillo: La historia, a veces, saltea sutilezas técnicas. El Gobierno “intervino” una prepaga, se internó en su proceso de convocatoria de acreedores. Una convocatoria inasible, porque la deuda superaba los 250 millones de pesos, de los cuales un poco menos de la mitad son créditos fiscales, el resto de acreedores privados. Las prestaciones se venían abajo y, tratándose un emprendimiento privado, era difícil imaginar un desenlace no ominoso. Pero una coincidencia se interpuso y quizá sobredeterminó la decisión que se informó ayer. Un médico muy amigo del Presidente le pidió que interviniera para evitar la caída del Hospital Francés. Néstor Kirchner iba rumbo a un acto en el Salón Blanco (¿dónde si no?), en ese caso de homenaje al sanitarista Ramón Carrillo. El Presidente se comprometió entonces públicamente a hacerse cargo del entuerto ante la mirada sorprendida de algunos de sus funcionarios, algo más cartesianos y atentos a las diferencias entre hospitales y prepagas.
Es la política, doctor: El desembarco oficial tuvo nutridas peripecias políticas. La más conspicua fue la disuasiva presencia de Sergio Muhamad, el barra brava que hizo pendant con Madonna Quiroz en eso de patotear en vivo y en directo, con las cámaras de TV como testigos.
El impresentable Tuto Muhamad fue el emergente de una situación compleja que el Gobierno gerenció con dificultad. El primer interventor, José Luis Salvatierra, hizo una gestión patética, de la que la existencia de patotas fue un botón de muestra. La resistencia de una comisión interna radicalizada (vinculada con los trabajadores que mantuvieron la huelga del Hospital Garrahan) no aceptaba sus propuestas y demostraba un interesante poder de movilización. El Gobierno lo fue resolviendo salteándolos, generando el diálogo con la cúpula de la seccional Capital del sindicato de Sanidad, que le es más amigable. Ayer fue su secretario general, Héctor Daer, quien preanunció la expropiación en una asamblea sindical horas antes de que Graciela Ocaña y el jefe de Gabinete lo corroboraran en la Casa de Gobierno. La tensión existente entre la conducción y la interna se repitió en esa asamblea donde ésta cuestionó la oferta oficial por insuficiente.
Un precedente complejo: La medida tomada es curiosa y opinable, porque podría implicar un precedente difícil de reiterar en situaciones análogas. El sector de prestadores de la salud no las tiene todas consigo y de hecho sobrevive merced a una serie de dilaciones a la ejecución de sus deudas con la AFIP y los organismos previsionales. La prórroga de la ley de Emergencia Económica, decretada el año pasado, tuvo como medida anexa un régimen de moratoria especial para el sector. La respectiva convención colectiva fue una de las más trabadas de 2006 y se cerró con un pressing enorme de los funcionarios a la representación empresaria. Tal vez el Gobierno propició un leading case que no podrá repetir así como así.
El discurso del método: Hasta que se conozca el proyecto de ley que ayer se anunció pero no se divulgó queda el dilema de saber cómo podrá el Gobierno expropiar inmuebles sujetos a un trámite judicial (el concurso comercial) sin hacerse cargo de la deuda. Las normas legales respectivas son bastante rígidas, como correlato de las limitaciones que impone el concurso a las facultades de los acreedores. Cierto es que el Gobierno consultó al estudio de Héctor Alegría, un abogado especialista en ingenierías de ese jaez, pero ésta no parece simple, dentro de los estrechos márgenes que otorga la legalidad vigente.
Mucho más clara que esa situación legal es la utilidad que el Francés puede tener para el PAMI. La oferta de camas en la Capital Federal se viene estrechando o como poco congelando, como subproducto de la crisis del sistema de salud. El Instituto que dirige Ocaña es largamente superavitario y puede hacerse cargo de las instalaciones. La recolocación del personal, su pase al Estado que ayer se mencionaron también tendrán sus bemoles, que el Gobierno dice haber evaluado y estar en condiciones de superar. La lectura del proyecto de ley es imprescindible para emitir un juicio más preciso.
Suena difícil que el proyecto de ley de expropiación encuentre escollos grandes en el Congreso. Oponerse a una medida que preserve la fuente de trabajo y un “hospital” puede ser muy antipático en un año electoral. Sin ser agorero, es imaginable que los debates jurídicos serán más arduos de salvar. Seguramente el Gobierno confía en resolverlos a su manera, paso a paso. Al fin y al cabo (piensan varios del Presidente para abajo) cuando hay voluntad política y recursos económicos el tamaño de las dificultades puede ser minimizado.
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