El gobierno boliviano recuperó casi la mitad de la Empresa Nacional de Telefonía (Entel). A través de dos decretos, Evo Morales tomó el control del 47 por ciento de las acciones de la empresa, que pertenecen a todos los bolivianos que tenían 21 años en 1996, cuando la telefónica fue capitalizada por la italiana Telecom y que estaban en manos de las administradoras de fondos de pensiones, Previsión y Futuro de Bolivia. Según explicó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, Telecom tiene 24 horas para transferir estas acciones al gobierno boliviano y la administración boliviana se ha puesto plazo hasta el 30 del presente mes para controlar la mitad más uno de las acciones. Para ello, pretende convencer a Telecom de que le traspase cuatro puntos del 50 por ciento de las acciones que tiene en su poder; sin embargo, no se conocen las condiciones de esta negociación o si la transnacional italiana aceptará quedarse en el país en inferioridad de condiciones.

Una pista de cómo será la negociación se encuentra en el segundo decreto. Según explica el viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, señaló que el segundo decreto promulgado por Morales quita la potestad al Ministerio de Desarrollo Económico de certificar las inversiones de las empresas capitalizadas (la privatización boliviana que traspasó, en 1996, el 51% de las acciones de sus empresas estratégicas a privados a cambio de promesas de inversiones), y con ello deja sin vigor la certificación de inversiones conseguidas por Telecom en 2005, en el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. Así, los técnicos de Morales podrán poner nuevas cartas sobre la mesa de negociaciones, que obligarían a la telefónica a negociar en términos más amistosos con el Estado boliviano.

Según la información que se maneja en el gobierno, Telecom, en los diez años que lleva en Bolivia, ha sacado del país más de 300 millones de dólares y se tiene sospecha de la efectividad de las inversiones declaradas. Pese al surgimiento de múltiples competidoras, Entel controla más del 80 por ciento del tráfico de llamadas de larga distancia y más del 50 por ciento de la telefonía celular de Bolivia. Pero además de la pelea con Telecom, al Estado boliviano le espera una negociación con las administradoras de fondos de pensiones. Cuando Morales nacionalizó los hidrocarburos, en mayo de 2006, también obligó a Previsión y Futuro a transferirle las acciones del rubro petrolero. En esa ocasión, las empresas, que cuentan con capitales españoles y suizos, amenazaron con pedir indemnización por el traspaso de acciones; sin embargo, se llegó a un acuerdo para que sigan operando en el país.

Con todo esto, Bolivia se acerca, cada vez más, a una reforma obligatoria del sistema de pensiones que cambie el sistema individual, privatizado, por uno controlado por el Estado. Actualmente, las administradoras de fondos de pensiones manejan los recursos de empresas “residuales”, como las compañías eléctricas y de ferrocarriles, habiendo perdido el control sobre las más atractivas y sobreviviendo con la administración de los aportes individuales de los trabajadores bolivianos.