La Justicia pateó el tablero en Ecuador. En un sorpresivo fallo, el Tribunal Constitucional (TC) les devolvió ayer las bancas a los 57 diputados opositores que habían sido destituidos por el Tribunal Supremo Electoral el 7 de marzo pasado. Según la ley, los legisladores podrían retomar sus funciones hoy. Sin embargo, el escenario en Quito era totalmente incierto anoche. El presidente, Rafael Correa, aseguró que no pasa nada y que todo sigue igual. El Tribunal Electoral calificó de ilegal el fallo. El Congreso tiene programada una sesión hoy, en la que podría votar la remoción de los jueces del TC. Mientras tanto, al menos cien militantes de partidos y organizaciones aliadas del gobierno ocuparon el edificio del TC y obligaron a los jueces a encerrarse en sus oficinas con custodia policial.

Después de una serie de derrotas –la destitución de los diputados, la imposición de los suplentes y la victoria del gobierno en el referéndum por la Constituyente–, la oposición ecuatoriana parecía recuperarse ayer. Al cierre de esta edición, los 57 diputados destituidos y las cúpulas de los partidos opositores estaban reunidos en Guayaquil, la principal ciudad portuaria del país, para decidir si intentarán ingresar hoy al Congreso o si esperarán a ver cómo reacciona el gobierno. “El fallo ya nos permite volver a ocupar nuestras bancas. Pero creo que hay que esperar a que el gobierno retire a la policía y que los suplentes se vayan. Hay que terminar con la confrontación”, aseguró en diálogo telefónico con Página/12 el presidente del Partido Social Cristiano y diputado destituido, Pascual del Cioppo.

Pero el gobierno no parece estar dispuesto a dar marcha atrás. El presidente Correa aseguró que, aun si el fallo es válido, éste sólo invalida la resolución del Tribunal Electoral del 7 de marzo. Sin embargo, dos semanas después, el TC emitió otra resolución en la que confirmaba esa decisión y rechazaba un recurso presentado por uno de los diputados opositores. Según la interpretación del gobierno, ese fallo todavía está vigente y, por ende, las destituciones se mantienen. “Que quede claro que, en el supuesto no consentido de que la resolución constitucional sea válida, el miércoles se reunirá el Congreso con los miembros (suplentes) que han venido actuando”, afirmó Correa.

Los opositores no sólo tendrán en cuenta que el gobierno no piensa retirar el cordón policial que rodea al Congreso, sino que además saben que existen altas probabilidades de que el Parlamento intente destituir a los jueces del TC. Según el vicepresidente de este tribunal, Tarquino Orellana, el nuevo Legislativo, compuesto mayoritariamente por suplentes, podría votar hoy un proyecto para concluir la gestión de los jueces. El argumento que esgrimen los diputados en funciones es que los jueces ya han cumplido sus períodos y, por lo tanto, deben ser sustituidos.

Orellana no desconoció esta irregularidad y por eso no quiso participar de la votación de ayer. “Los procedimientos formales no se cumplieron. El tribunal decidió en una sesión permanente y para defender su situación institucional. Aprobó un fallo que los favorecía y los fallos deben ser independientes del orden político”, explicó a este diario el juez. A pesar de sus críticas, Orellana destacó que tampoco considera legal la destitución de los diputados opositores ni la interpretación del gobierno. “A fines de marzo se rechazó un recurso de uno de los diputados destituidos porque la presentación tenía vicios de forma, no por el contenido”, explicó.

Hasta ahora, Correa se había beneficiado de la judicialización del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, esta vez el tercer poder parece estar del lado de la oposición y los antiguos argumentos del gobierno podrían empezar a jugarle en contra.